30 de agosto de 2016

Macri y su Gabinete, blindados

A través de la Resolución 389/16 del Ministerio de Seguridad, publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno creó nuevas pautas de organización del "Servicio de protección de estado y custodia" para el Presidente, su vice, ministros y secretarios de Estado.
La disposición, basada en la supuesta serie de amenazas de muerte que recibirían los funcionarios de Cambiemos, y algunos aliados políticos, dice que el incremento en el personal de seguridad del que ahora dispondrán les permitirá "desempeñar su cargo de manera libre, segura y eficaz", y califica a esta medida de "trascendental para el correcto funcionamiento de la democracia representativa".
La medida alcanza también a los expresidentes, "toda vez que han desempeñado una de las más altas responsabilidades representativas de la República, y pueden verse expuestos, debido su calidad de tales, a riesgos en cuanto a su seguridad que es preciso prevenir".
El nuevo protocolo de seguridad para los funcionarios estará bajo la órbita del ministerio de conduce Patricia Bullrich, y su coordinación quedará a cargo del Jefe de la Policía Federal, apoyado por Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria.
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Otra payasada mas de este gobierno.

Otro contrapunto entre Sturzenegger y Prat Gay

El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, adelantó que “agosto mostrará una significativa desaceleración de la inflación”, pero advirtió que ello "no provee los elementos suficientes para que pueda concluirse que sea conveniente relajar la política monetaria".
Sturzenegger mostró una postura más conservadora, luego de que ayer el ministro de Finanzas, Alfonso Prat-Gay, celebrara que el IPC de agosto "será menor al 1 por ciento" y remarcó que la inflación "ya no es un tema" que preocupara a los argentinos.
Al disertar en un Simposio Internacional de Economía, organizado por la Universidad de Tel Aviv, el titular del BCRA estimó que “sin contar el efecto deflacionario” que arrojará sobre la medición de precios las suspensiones de los aumentos tarifarios, “se alcanzaría una inflación por debajo del 1,5 por ciento”, algo que “se alcanzará dos meses antes de lo previsto”.
Tras reiterar que “el objetivo” del Gobierno es alcanzar una inflación anual del “cinco por ciento en 2019”, Sturzenegger aclaró que pese a la merma inflacionaria que se prevé, el BCRA no impulsará un reducción abrupta de la tasa de interés.
"La desaceleración de agosto no provee los elementos suficientes para que pueda concluirse que sea conveniente relajar la política monetaria que viene llevando adelante el BCRA”, sostuvo el funcionario, quien también agregó que “el gradualismo fiscal (que instrumenta el Gobierno) no compromete ni condiciona la política monetaria”.
Para Sturzenegger, “el crecimiento económico sostenible no puede estar separado de la estabilidad de precios y ésta, a su vez, depende de una política monetaria creíble y comprometida”. Para Sturzenegger, “la derrota de la inflación se dirime en el mercado monetario”, ya que “el nivel de precios no es otra cosa que la representación del precio del dinero".
"Si hay más dinero que el que la gente quiere, el precio del dinero caerá, o, dicho de otra manera, subirá el de los bienes (relativo al dinero). A ese fenómeno lo llamamos inflación. Es decir, que cada vez que haya más dinero que el que demanda la gente (ya sea porque aumenta la oferta o se reduce la demanda) vamos a tener inflación”.
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Hay crisis de empleo, mida quien la mida

El Gobierno pasó de asegurar que los problemas de empleo eran “una sensación térmica” a decir que el Indec antes “medía mal”. Nuevos datos oficiales dejaron en evidencia la disparada de la desocupación.
› Por Federico Kucher
El desempleo en la Ciudad de Buenos Aires saltó a 10,5 por ciento al cierre del primer semestre, cuando era de 6,8 por ciento en diciembre pasado y de 8,6 a mitad de 2015. Así lo informó ayer la Dirección General de Estadística y Censos porteña. El dato de desocupación en Capital termina de confirmar las tensiones del mercado laboral ya registradas en el informe del Indec de la semana pasada para todo el país, en el que la tasa de desempleo finalizó junio al borde de los dos dígitos, en 9,3 por ciento, luego de tocar un piso de 5,9 en el tercer trimestre de 2015. Frente a esa disparada de la desocupación, el argumento del Gobierno fue que no hubo pérdida de puestos de trabajo durante su gestión, sino que el Indec medía mal el desempleo y ahora solo se “transparentó” el indicador. Esa versión de los hechos pierde sentido frente a los números arrojados ayer por el centro de estadísticas porteño, en línea con los del Indec, que ratifican el crecimiento explosivo de la desocupación por las políticas de Cambiemos. En la Capital se perdieron 60.553 puestos en el primer semestre, al anotarse 177.555 individuos desocupados, contra los 115.667 de diciembre pasado.
“Los despidos son una sensación térmica. Que no nos hagan creer que estamos teniendo pérdidas notables de empleo. A la discusión hay que darla con un poquito más de datos y de conceptos de la realidad. Es muy fácil decir que por una empresa que cerró despidieron 100 empleados pero hay que ver toda la película”, decía a finales de abril el ministro de Hacienda y Finazas, Alfonso Prat-Gay. Este fue el primer argumento que empleó el Gobierno para asegurar que el programa económico ortodoxo aplicado en los últimos meses no había afectado el mercado de trabajo.
En ese momento, el Indec seguía en la modalidad de apagón estadístico y no se publicaban estimaciones acerca de la desocupación desde octubre de 2015. Cuando el organismo oficial volvió a informar los datos de desempleo la semana pasada, el argumento de la sensación térmica cambió por otra justificación: no hubo un salto de desocupados sino que en 2015 los indicadores subestimaban los problemas de trabajo. “Es muy importante que Argentina tenga cifras confiables y el Indec diga la verdad. La desocupación es una situación grave, pero viene desde hace mucho. Lo que pasa es que los porcentajes que difundían antes no se constataban con la realidad”, apuntó el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.
La difusión del informe Indicadores Laborales del centro de estadística porteño también deja sin sentido este segundo argumento para justificar los elevados niveles de desempleo en el segundo trimestre del año, puesto que en la Ciudad de Buenos Aires, en donde se viene midiendo la situación del mercado de trabajo en forma homogénea y respetando una misma metodología, el desempleo alcanzó una cifra de dos dígitos, al incrementarse en casi cuatro puntos porcentuales en los primeros seis meses del año. Algo más de 60 mil personas perdieron su puesto de trabajo en ese período, muchos de los cuales estuvieron vinculados con el recorte del sector público en la primera parte del año.
La desocupación en la Capital venía bajando el año pasado y volvió a incrementarse en forma abrupta en los primeros meses de 2016. La serie de la Ciudad muestra que la tasa de desocupación era del 8,6 por ciento en el segundo trimestre de 2015, del 7,2 en el tercer trimestre y del 6,8 en el cuarto, mientras que en el primer trimestre de 2016 subió a 8,6 por ciento y en el segundo, al 10,5. “Las tensiones en el mercado de trabajo son muy grandes. Los datos de la Capital reflejan sólo una parte de lo que ocurre en los principales centros urbanos del país, donde se concentra la producción industrial y otras actividades como la construcción, es decir la economía real”, indicó a este diario Ana Gárriz, investigadora del Centro de Innovación de los Trabajadores (Citra- UMET). Agregó que “la tasa de desempleo en los principales polos productivos de la Argentina saltó hasta los dos dígitos. En Gran Rosario, donde pesa la industria automotriz y la metalmecánica, se ubicó en 11,7 por ciento. En Mar del Plata, con ramas fuertes como la industria pesquera y el turismo, marcó 11,6. En Gran Córdoba, 11,5 por ciento, y en Gran Buenos Aires, el principal centro productivo del país, 11,2. En todos estos centros urbanos las tasas de desocupación eran de un dígito en 2015, con la excepción de Gran Córdoba, que concentra su actividad en autos, un sector que hace mucho viene en descenso por la baja de ventas al mercado brasileño”.
En el informe del centro de estadísticas de la Ciudad se detalló que la tasa de actividad (individuos que trabajan o tienen interés en trabajar) pasó de 54,7 al 55,5 por ciento entre el segundo trimestre de 2015 y el mismo período de este año, la misma tendencia que mostró el Indec para todo el país, que se movió de 44,6 por ciento en el segundo trimestre de 2015 a 46,0 en igual período de este año.

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La culpa sin dudas es del "gobierno anterior", dejo los indices muy abajo y ahora se nota mucho



EL SUPUESTO ARREPENTIDO NARCO DIJO QUE LA JUEZA FEDERAL LE PIDIO UNA COIMA DE 500 MIL DOLARES

Pérez Corradi contra Arroyo Salgado

Pérez Corradi declaró ante la jueza Servini de Cubría y el domingo, en un programa televisivo. Lo más novedoso fue su denuncia acerca de que Arroyo Salgado hace cinco años le pidió medio millón de dólares para dejarlo en libertad.
Por Raúl Kollmann
En el fárrago de palabras que virtió Ibar Pérez Corradi (PC) el domingo sólo apareció una novedad: la pseudodenuncia acerca de que la jueza Sandra Arroyo Salgado le pidió una coima de medio millón de dólares para dejarlo en libertad hace cinco años. Sobre el resto, PC siguió el libreto que viene exponiendo desde que llegó extraditado desde Paraguay a la Argentina. Acusa a diestra y siniestra, pero casi no aporta elementos que permitan comprobar lo que dice. Por ejemplo, sostiene que el gobierno anterior lo protegió entregándole tres documentos que le permitirían seguir prófugo en tierra guaraní. En su declaración judicial ante la jueza María Servini de Cubría y el fiscal Juan Pedro Zoni señaló que se trató de tres DNI, pero no mencionó a un funcionario del Ejecutivo sino a un integrante de la Policía Federal como la persona que le dio esos documentos. El problema es que esa versión, como todas las otras, es de difícil comprobación. En cambio, sí está probado que Pérez Corradi participó en el tráfico de efedrina y, para la justicia, fue el ideólogo del triple crimen de General Rodríguez. Los tres jueces de Dolores, en forma unánime, coincidieron en que fue él quien ordenó la ejecución y convocó para los asesinatos a los hermanos Lanatta y los hermanos Schilacci.
PC hizo su aparición estelar en el programa La Cornisa, que conduce Luis Majul. No fue tratado allí como un mafioso del mundo de las droguerías, que encabezó el tráfico de precursores químicos y que lavó dinero proveniente de las operaciones oscuras con medicamentos, anabólicos y efedrina. Tampoco como un asesino, pese a que en el juicio por el triple crimen de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina los magistrados describieron por qué PC los mandó a matar: “había que desplazar de modo absoluto y definitivo a quienes se perfilaban como competidores en el negocio ilegal de la efedrina”. Esquivando estos elementos, a PC se lo presentó el domingo como una especie de arrepentido, algo que no se ganó por ahora ya que en la causa judicial todavía no aportó ningún elemento comprobable.
Por ejemplo, PC admitió en la justicia haber traído efedrina a través de las droguerías –algo que ya se sabía y está probado–, pero la clave de lo que falta saber sobre el tráfico está en la forma en que el precursor se sacaba del país y cómo se enviaba a México. En ese terreno, ante Servini, PC nombró dos mexicanos y una línea aérea, pero como siempre la comprobación es difícil. Es más, no está claro si los dos mexicanos existen. El narco insiste también en que los envíos a México pasaron por la Aduana de Ezeiza, sin dar ninguna precisión.
Respecto de la protección para vivir en Paraguay, declaró judicialmente que lo lograba pagando coimas a la policía paraguaya, una versión poco creíble. Están los que creen que una vez descubierto en el tráfico de efedrina, PC pactó con la agencia norteamericana antinarcóticos, la DEA, y empezó a jugar como informante. Eso le dio impunidad en Paraguay. El lo niega: asegura que sus fondos provenían de la continuación del tráfico ilegal de Paraguay a Brasil. De esa plata le daba parte a los uniformados del vecino país.
En su aparición televisiva, PC insistió en que antes de huir al extranjero le pagaba por protección a Aníbal Fernández. Nunca se vio con el ex jefe de Gabinete, pero el narco afirma que su trato era con policías federales, en especial Juan Carlos Mondragón, que le dijo que le hablaba en nombre de Fernández. Por su parte, el ex jefe de Gabinete señaló que su norma era mantener contacto únicamente con el jefe de la Federal, Néstor Valleca, de manera que nunca habló con Mondragón ni con ningún otro oficial de la fuerza, por lo que –según afirma– no le pueden encontrar ninguna comunicación ni habrá ningún testigo que de cuenta de un encuentro o reunión con ese jefe policial.
Finalmente, en la televisión, PC se despachó con una denuncia por coima contra la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. El narco afirma que la magistrada le pidió a principios de la década unos 500 mil dólares para otorgarle la libertad. Habrá que ver si la propia jueza se autodenuncia por estos dichos o se presenta alguno de los habituales denunciadores mediáticos para pedir que se investigue. En Tribunales está la sensación de que PC quiere aparecer opuesto a Arroyo, pero que en realidad la jueza está haciendo lo que el narco quiere: darle curso a la extradición a Estados Unidos, donde PC espera una leve condena y recuperar la libertad.
Más allá de la aparición televisiva, lo cierto es que PC no va camino a Estados Unidos sino a un procesamiento con prisión preventiva por triple homicidio y tráfico de efedrina. Respecto del lavado de dinero en el marco de los cheques por la mafia de los medicamentos, el juez Sebastián Casanello ya lo procesó y envió la causa a juicio oral. Si el Poder Ejecutivo termina impulsando la extradición afrontará un escándalo de enormes proporciones, porque lo trajo como el mayor de los narcos y múltiple homicida, y lo estaría mandando al norte por un paquete de pastillas de opio.
raulkollmann@hotmail.com
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Las nuevas formas de esclavitud

Los jueces Sebastián Casanello y Daniel Rafecas, el titular de la Protex, Marcelo Colombo, y el obispo Marcelo Sánchez Sorondo, cercano al Papa, coincidieron en la necesidad
de enfrentar con políticas públicas delitos como la explotación sexual y laboral.
› Por Ailín Bullentini
El avance en el juzgamiento y el castigo a los responsables de los delitos de la última dictadura como “ejemplo mundial” y la necesidad de “políticas públicas” que permitan replicar la experiencia en relación con los delitos que reflejan “nuevas formas de esclavitud” –como la trata de personas para explotación sexual y laboral, así como los casos de torturas que suceden en democracia– fueron los dos ejes sobre los que coincidieron los jueces federales Sebastián Casanello y Daniel Rafecas; el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo; y el canciller de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales del Vaticano, Marcelo Sánchez Sorondo. Todos ellos debatieron sobre “Lesa humanidad, derechos humanos de ayer y hoy”, en la Legislatura porteña.
“El consenso social y político sobre la necesidad de juzgar los delitos de lesa humanidad de la última dictadura está más que claro, pero no sucede lo mismo respecto de las nuevas formas de esclavitud”, introdujo ayer por la tarde el legislador porteño Gustavo Vera (Bien Común), organizador de la charla. “Porque la desaparición de una persona para cosificarla con fines de explotación sexual o laboral, y eventualmente matarla, o para el tráfico de órganos, también constituyen delitos de lesa humanidad, eso es lo que el Papa Francisco está impulsando y llamó a los jueces a que traten de aplicarlo”, continuó, luego de agradecer la participación de los disertantes y destacar la presencia de intendentes, diputados, como Gustavo Arrieta y Eduardo Valdez, senadores, como Fernando Solanas, así como sus pares Paula Penaca, Carlos Tomada y Gabriel Fucks, entre muchos otros.
El nombre de Francisco estuvo presente en varias de las exposiciones. Durante la suya, Sánchez Sorondo recordó un discurso en el que el Papa había advertido que “la esclavitud es un crimen de lesa humanidad en cualquiera de sus formas” y que “la Iglesia tenía que hacer política”. “Hacer política es ir en contra de la esclavitud, que todos los hombres puedan vivir con dignidad, esto es ir en busca del bien común”, concluyó el sacerdote. Luego, criticó que la esclavitud “no está calificada de manera internacional como delito de lesa humanidad con la suficiente fuerza” e insistió en que “si bien se ha caminado mucho, hay que actuar en este sentido”.
Colombo trazó un puente entre los efectos que persisten en la vida de una persona que fue víctima de crímenes de la última dictadura y de aquella que lo fue de una red de trata: “Estrés postraumático, procesos de disociación, estigmatización”, enumeró. “Pero hay algo que las víctimas de redes de trata no lograron, que sí lo hicieron muchas que sufrieron el genocidio: una verdadera reparación, y ahí hay que trabajar”. Para lograrlo, sostuvo, “hace falta decisión política firme, porque cuando en la investigación de estas nuevas formas de esclavitud uno va escalando en la pirámide de responsabilidades, termina encontrando a los grandes ganadores del capitalismo, los mismos personajes que aquellos que litigan por delitos de la última dictadura enfocan en su intento por juzgar a los responsables civiles”.
Rafecas remarcó que el “avance que Argentina hizo en el juzgamiento y castigo a los culpables de los crímenes de la última dictadura” es “ejemplo mundial por la profundidad de ese proceso, por su seriedad y su escala”, aunque advirtió que “aún existe una masiva supervivencia de la cultura autoritaria en el país y de prácticas de tortura en cárceles y comisarías”, en las que ve “la larga mano de la dictadura”. Para el juez, “tenemos que trabajar desde todos los ámbitos para hacer retroceder esta cultura y reconocer en estas víctimas a iguales, pero para eso necesitamos políticas públicas”, insistió.
Su colega Sebastián Casanello coincidió en que el proceso judicial en torno al genocidio de la última dictadura “fue producto de fuertes políticas de Estado”, pero que no se consigue lo mismo cuando se trata de casos de tortura, y mencionó a la única condena alcanzada por ese delito, la de los responsables de torturar a Brian Núñez. “Hay un grave problema cuando el Estado tiene que juzgarse a sí mismo.” Casanello consideró necesario evitar que “la política se convierta en algo canceroso” así como también “la llegada de la globalización de la indiferencia”, en una cita reforzada a Francisco. “Los delitos de lesa humanidad pueden convertirse en algo sistemático cuando la indiferencia se convierte en una política de Estado”. Por último, llamó a la reflexión “a toda la sociedad en la necesidad de generar auténticas políticas de Estado para lograr que la política, como práctica, sea algo virtuoso”.
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Una defensa del aniquilamiento

Un editorial del diario La Nación salió en defensa de la Campaña del Desierto. Y sostuvo que “ningún pueblo es originario”. Fuertes repudios del pueblo mapuche, organismos de DD.HH., y trabajadores del propio diario de los Mitre.
› Por Darío Aranda
Primero fue un editorial que llamaba “guerra sucia” a la dictadura y pedía “terminar con las mentiras sobre los años 70”. En la misma línea, el diario La Nación apunta a los pueblos originarios, reivindica la figura de Julio A. Roca, celebra la avanzada militar sobre las comunidades indígenas y hasta relativiza a las culturas ancestrales y sus derechos. Originó repudios del pueblo mapuche, académicos y de la Asociación de Abogados de Derechos Indígena (AADI). “Nuevamente La Nación carga contra los pueblos originarios. Manipula la realidad y miente”, afirmó la Confederación Mapuche de Neuquén.
“No más venganza”, fue el título del editorial del diario La Nación en noviembre pasado. Recurrió al concepto de “guerra” (y no de terrorismo de Estado) y calificó a la cárcel común para los genocidas como “vergonzoso padecimiento de condenados”. Provocó repudios de todos los organismos de derechos humanos, múltiples sectores políticos y de los propios trabajadores del diario.
El domingo 21 de agosto fue en el mismo sentido. “En aquella mañana fría del 25 de mayo de 1879, cuando se celebraba la misa de campaña en Choele Choel, frente al río Negro, el joven general Julio A. Roca no hubiese podido imaginar que ese emocionante tedeum, muchos años después, iba a ser interpretado como la culminación de una campaña genocida para exterminar a los pueblos originarios de la Patagonia”, comienza el editorial titulado “la utilización populista de los pueblos originarios”.
Define a la Campaña del Desierto como “un conflicto de culturas” y la defiende: “Es perverso intentar una condena moral”. También señala que “ningún pueblo es realmente originario”. Afirma que El Calafate, YPF, Vaca Muerta y las Malvinas “son todos íconos de la argentinidad gracias al general Roca”. Y reivindica a los ejecutores de la campaña militar: “Quienes expandieron la cultura occidental por el territorio de la patria sembraron las semillas de un valor esencial que no existía en América y que difícilmente hubiera florecido si aquella misa matutina: el respeto por la dignidad individual, plasmado en la concepción moderna de los derechos humanos”.
Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, respondió: “No resulta llamativo que el diario de los Mitre reivindique a Roca. Es el mismo medio que intenta disimular el genocidio de Videla y de la misma manera intenta ocultar ese primer terrorismo de estado, donde Roca instituyó campos de concentración, mató poblaciones enteras, saqueó, realizó traslados forzados de población, entre ella numerosos niños. Es un posicionamiento político sin ningún fundamento histórico”.
El vocero indígena recordó que el pueblo mapuche es preexistente a la conformación de los estados de Chile y Argentina, y siempre habitaron de ambos lados de la Cordillera, con centenares de trabajos académicos que derriban la falacia de que “los mapuches son chilenos”. Nahuel atribuyó “la profusa ignorancia” del editorial a un hecho no casual: “Intenta ocultar la movilización de un pueblo-nación mapuche, cultura milenaria que ya no está pasiva, sino que exige el cumplimiento de sus derechos”. Diana Lenton es doctora en antropología, docente de la misma carrera en la UBA y coordinadora de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena. Definió el accionar del diario La Nación con una palabra: “Negacionismo”. Y lo vinculó al editorial sobre la dictadura cívico-militar de noviembre y también a lo actuado por Darío Lopérfido al negar los 30.000 desaparecidos.
“Son acciones deliberadas que buscan retrotraer lo avanzado. Existe un consenso social de que fueron 30.000 los desaparecidos, pero igual lo niegan. Existe un consenso de que los pueblos indígenas sufrieron un genocidio, pero también lo niegan”, cuestionó Lenton, y atribuyó un objetivo a ese negacionismo: “Buscan restaurar privilegios de una clase social, de ahí la nostalgia por la generación del ‘80, donde la exhiben como la época de oro del país cuando en realidad lo fue solo de una clase social determinada”.
Lenton afirmó que el negacionismo del genocidio indígena tiene profundas vinculaciones políticas y económicas actuales: “Los pueblos indígenas lideran resistencias a proyectos extractivos, donde están presenten grandes empresas mineras, petroleras, agropecuarias e inmobiliarias, y donde medios como La Nación son parte de ese entramado. Desconocer el genocidio pasado es también negar derechos del presente”.
Recordó que la academia ya se expidió sobre el mito de que los mapuches son de Chile. “Es una falacia construida por intereses políticos y económicos de ocupación territorial. Quien mantiene ese postulado desconoce de historia”, afirmó la investigadora del Conicet y recordó que el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA (donde se dictan las carrera de historia y antropología) se expidió en 2009 sobre la preexistencia mapuche en ambos lados de la Cordillera.
Lenton llamó la atención sobre la falta de reacción de organismos de derechos humanos, sectores políticos e intelectuales frente a este editorial (en comparación a la que sí hubo ante la referida a la dictadura cívico-militar). “Nos llama a la reflexión la falta de indignación y de acción ante el negacionismo del genocidio indígena, pareciera que cuesta mirar más allá de la propia clase social”, señaló Lenton.

Teorías de superioridad racial

La Asociación de Abogados/as de Derechos Indígenas (AADI) repudió el editorial del diario La Nación y la calificó como “histórica, política y jurídicamente errónea y contradictoria con lo contemplado en la Constitución Nacional”. Recordó que “los hombres que gobernaron (durante la Campaña del Desierto) no dudaron en atacar militarmente a los pueblos originarios, basándose en teorías de superioridad racial, moral o religiosa que sabemos eran científicamente falsas y éticamente condenables”. Precisó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que las acciones “para reclamar su investigación y reparación integral son imprescriptibles” y afirmaron que la avanzada militar es “encuadrable en los supuestos de genocidio o crímenes contra la humanidad”. “Resulte jurídicamente falsa la afirmación de que ‘ningún pueblo es realmente originario’”, cuestionaron los abogados y resaltaron que la propia Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17) reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas.
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Estupro a la democracia

Por Martín Granovsky
Cada 11 minutos una mujer es violada en Brasil. Si es negra, joven y pobre tiene más posibilidades de sufrir una agresión. Los estudios de Antropología les pusieron título a los datos: cultura del estupro.
Después de asistir a la sesión del Senado contra Dilma Rousseff, cualquiera puede reemplazar la palabra “mujer” por “Constitución” y la palabra “negra” por “democracia” y verá que la teoría puede aplicarse a la política sin forzar nada. Nada.
Los senadores de la oposición avanzaron un nuevo capítulo en la violación de las reglas del debido proceso. Vulneraron los derechos políticos de Dilma, que si no hay un milagro perderá la presidencia y quedará inhabilitada por ocho años para la política. Y aplastaron los derechos humanos de los brasileños: en octubre de 2014 votaron en primera y segunda vuelta por Dilma contra Aecio Neves y le dieron la victoria. Desde aquel alud de 54 millones de votos a hoy, con un golpe en marcha, pasaron menos de dos años.
“Ahora, la ruptura democrática se da por medio de la violencia moral y los pretextos constitucionales para que gane apariencia de legitimidad el gobierno que asume sin el amparo de las urnas”, dijo Dilma. “Se invoca la Constitución para que el mundo de las apariencias encubra hipócritamente el mundo de los hechos.”
No es un tema de forma, porque en democracia la forma es fondo. Una constelación formada por la gran banca internacional, los gigantes de la empresa brasileña, una parte de la Justicia, los megamedios, todos los parlamentarios del PSDB y la mayoría de los legisladores del PMDB tratan de construir apariencias para violar la Constitución.
Brasil no vive bajo un régimen parlamentario. Pero el Congreso censura a la Presidenta que tiene mandato hasta el 31 de diciembre de 2018.
Los diputados deben fundamentar su acusación contra Dilma como en cualquier proceso. Pero uno explicó la acusación honrando al oficial que torturó a la Presidenta cuando era guerrillera y otros dedicaron el voto a madres, hijos y cuadros.
Tal como denunciaron cuatro congresistas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a Dilma hasta le restringieron el tiempo de sus testigos. Es decir, el derecho a defensa. Cuando fue notificado de que la petición había llegado a la CIDH, el canciller José Serra dijo: “Son unos brutos, diríjanse al Senado”. En política internacional la representación la asume el Poder Ejecutivo, no el Congreso. Un resumen y el texto completo de la petición a la CIDH pueden leerse aquí: http://bit.ly/2bzINaZ. Para brutalidades consultar a Serra.
Ayer mismo, en el Senado, varios senadores criticaron el desempeño de Dilma en el gobierno. Pero en un juicio político los senadores son jueces, no parlamentarios en medio de una interpelación. Los jueces preguntan y después sentencian. No replican.
El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, encargado de dirigir las sesiones del Senado, dejó que alegremente los senadores esquivaran su papel de jueces. Pero corrigió a Dilma: “Le pido que no hable más nada del gobierno interino”, exigió tras las menciones de Rousseff al “gobierno usurpador” y “golpista”. “La condena exige pruebas cabales de que se haya cometido, dolosamente, un delito de responsabilidad fiscal”, explicó Dilma. “Sin delito, es golpe”, sintetizó.
Es equivocado pensar que el juicio político sin derechos es una cosa y la política otra. Son dos caras de lo mismo. Para observar lo que ocurre en Brasil no hace falta ningún diario del futuro. Ningún diario del lunes. Como citó la propia Rousseff, Temer ya impuso límites de gasto fiscal hasta el 2037 que ni siquiera las políticas sociales podrán perforar. Su gobierno también impulsó la baja de edad de imputabilidad y la tercerización laboral. “Van a precarizar”, anunció en el Senado Roberto Requiao, uno de los pocos del PMDB fieles al proyecto original. “En Brasil no se va a poder nacer ni trabajar.”
La Policía Federal busca meter preso a Lula, el único del PT en condiciones de competir en las presidenciales de 2018. Las policías militares (que en Brasil son las malditas provinciales) lubrican cada vez más el gatillo fácil o, como ayer, reprimen manifestantes en San Pablo. El futuro ya llegó.
Dilma, ayer, se equivocó de interlocutores. Les habló a los senadores, no al pueblo. Pero no es por sus debilidades políticas que los esclavócratas de Brasil quieren echarla. Es para ser fieles a la cultura del estupro que practican desde el siglo XVI.
martin.granovsky@gmail.com

29 de agosto de 2016

El Gobierno planea un tarifazo de 300% y aumentos cada seis meses

El Gobierno nacional evalúa una salida para cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que frenó los aumentos de gas en usuarios residenciales. La decisión oficial se basa en un incremento inferior al 300% y una actualización semestral de los valores, ergo, subas temporales.


Fuentes del Ministerio de Energía y de la cartera de Hacienda confirmaron al portal Ámbito Financiero que las medidas serán en esa dirección y que se discutirá un nuevo cuadro tarifario el 16 de septiembre.
El Poder Ejecutivo, por su parte, espera la decisión de la Corte Suprema por el tarifazo a la luz. Este martes, el tribunal dará la primera señal con puntos en común y diferencias con respecto al límite que impuso a la administración de Mauricio Macri referido al gas.
Es que el trámite de la causa de la energía eléctrica sufrió una alteración cuando la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal de San Martín Martina Forns decidió el miércoles pasado elevar su caso por la suspensión del aumento de suministro eléctrico en todo el territorio nacional. 
El expediente "Abarca" tenía aspectos procesales distintos: se trataba de una medida cautelar con duración por tres meses y sólo abarcaba a las prestatarias con influencia en el conurbano bonaerense. Se le habían anexado otras tres resoluciones judiciales también menores en cuestión de impacto y territorialidad.
Pero el escenario se modificó con la llegada del caso "Fernández", que sorprendió en el Palacio de Tribunales porque no esperaban esa decisión. Por su parte, la procuradora Alejandra Gils Carbó, debía emitir su opinión, en lo que se especulaba como un dictamen distinto al del gas, aunque el problema sigue siendo la ausencia de audiencias públicas previas.
Diario Registrado

Delgado pidió investigar a Peña por los datos de la Anses

El fiscal federal Federico Delgado promovió una investigación penal contra el jefe de Gabinete, Marcos Peña, para investigar la posible violación de datos prviados a partir de la resolución firmada en julio que autoriza el traspaso de las bases de datos de la ANSES al Poder Ejecutivo para campañas de comunicación oficial.
“La cuestión a desentrañar se ciñe en determinar si la base de datos de la ANSES constituye un recurso del que puede disponer el estado para difundir los actos de gobierno”, indicó el fiscal, quien solicitó al juez Sebastián Casanello la intervención de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación para que “evalúe la legalidad del convenio de traspaso de datos de ANSES”.
Además, Delgado consideró que lo mismo deberán hacer la Procuración del Tesoro de la Nación, y “dos expertos más independientes del Poder Ejecutivo Nacional”. De acuerdo a la denuncia, presentada por la abogada Valeria Laura Carreras, “los datos contenidos en dicha base son de carácter no público y por ende sensibles”.
El fiscal también solicitó información del expediente que tramita ante la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal María José Sarmiento, que prácticamente no ha registrado movimientos en las últimas dos semanas.
La semana pasada el fiscal Guillermo Marijuán había descartado por "inexistencia de delito" una denuncia similar realizada por los diputados del Frente para la Victoria Juan Cabandie y Rodolfo Tailhade.
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Freno al carnaval de despidos

El Registro de Trabajadores Agrarios que conduce el Momo Venegas tendrá que volver a tomar o ubicar en otra área a trabajadores que había echado. La medida cautelar reconoció el derecho de los empleados a mantener sus puestos.
› Por Laura Vales
El juzgado Federal de Dolores ordenó al Renatea –bajo el mando de Gerónimo “Momo” Venegas– y al Ministerio de Trabajo que reincorporen a cinco trabajadores o los reubiquen en otro puesto dentro del Estado, pagándoles durante el tiempo que lleve su reinstalación el mismo sueldo que percibían antes de su despido. La medida cautelar reconoció así el derecho que tienen los empleados del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios –que Venegas decidió desarmar– a no aceptar el retiro voluntario y mantener sus empleos.
Bajo este tipo paraguas, por una serie fallos que se han ido dictando, hay amparados actualmente 24 trabajadores. Para dar una idea del tipo de conflicto en curso, basta tener en cuenta que en algunas delegaciones del Renatea, como la de la provincia de Corrientes, han sido intimados a firmar el retiro voluntario todos los trabajadores que no recurrieron a la Justicia.
El dato es reseñado en diálogo con Página/12 por el abogado Luis Palmeiro, patrocinante de los afectados. “La planta del Renatea era de 880 personas”, señala. Los que quedaron bajo amenaza de despido luego de que el macrismo repuso al titular de la Uatre –socio político y principal aliado sindical del oficialismo– en el Registro de los trabajadores rurales son alrededor de 600, es decir todos los que ingresaron entre los años 2012 y 2015. De los 600, un centenar permanece sin aceptar los despidos, algunos todavía trabajando y otros con demandas por su reinstalación.
El Renatea fue creado en enero de 2012, cuando Venegas había sido desplazado del manejo del registro. Se armó como un complemento del estatuto del peón rural que, sancionado un año antes, amplió los derechos de estos trabajadores. “Por sus funciones de apoyo y de fiscalización, por ejemplo con operativos que hallaron peones en condiciones cercanas al esclavismo, el Renatea necesita de una planta de trabajadores no sólo numerosa, sino también comprometida”, indica Palmeiro.
Gerónimo “Momo” Venegas.
Venegas nunca ocultó su oposición a la existencia y funcionamiento del organismo. El dirigente sindical accionó judicialmente contra su creación; en noviembre del año pasado, después del ballottage y en sintonía con los nuevos tiempos políticos, la Corte Suprema de Justicia aceptó su pedido para declarar inconstitucional al Renatea. Esto abrió las puertas a su disolución, que Venegas impulsa apoyándose en un acuerdo que firmó con el gremio estatal UPCN, en su condición de representante de los empleados públicos.
Por el acuerdo, UPCN y la Uatre derogaron el convenio colectivo de los trabajadores del Renatea (que les daba estabilidad en el empleo), fijando una indemnización especial para los que fueran desvinculados en el proceso de “readecuación del personal”. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, homologó este acuerdo.
Los trabajadores que recurrieron a la Justicia reclamaron tanto contra el acuerdo UPCN-Uatre como contra su homologación.
El fallo del juzgado federal de Dolores, con la firma de Alejo Ramos Padilla, amparó a trabajadores despedidos de la localidad de General Belgrano. Se trata de una sentencia de primera instancia. Otros casos cuentan con dictámenes favorables de segunda instancia, de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
“En todos los fallos, al garantizarse la vigencia del convenio colectivo, todos tienen el derecho de permanecer dentro del Registro o buscar instancias de reubicación en otras áreas del Estado nacional. Algunos jueces han señalado en este sentido al Ministerio de Trabajo porque el Renatea estaba dentro de su jurisdicción”, explicó Palmeiro.
Como parte del proceso de despidos masivos, denunció el abogado, el Registro está además impulsando despidos “con causa” de los delegados (los titulares de cada delegación provincial). “Inventan causas: ‘no rindió la factura número 3’, ‘en el expediente tal faltó que hiciera un informe final’, para expulsarlos sin indemnización. Son despidos ideológicos, porque está claro que los delegados pertenecían a otra gestión política y respondían a otra línea, y este es el único motivo por el que quieren despedirlos”.

Aporte sospechoso para ayudar al Presidente

El fiscal federal electoral Jorge Di Lello abrió una investigación para averiguar si esa y otras donaciones a distintos partidos se utilizaron para encubrir otras no declaradas o en negro en violación de la ley electoral.
› Por Santiago O’Donnell
A raíz de un informe de la fiscalía nacional especializada en lavado de dinero que identificó como sospechoso a un aporte de campaña del cuñado del presidente Mauricio Macri, el fiscal federal electoral Jorge Di Lello abrió una investigación preliminar para averiguar si esa y otras donaciones a distintos partidos se utilizaron para encubrir otras donaciones no declaradas o en negro en violación de la ley electoral. Según la Procelac, dichas donaciones también podrían haber ocultado maniobras ilegales como la evasión impositiva y el lavado de dinero.
El informe de 28 páginas de la Procuraduría de Criminalidad y Lavado de Activos (Procelac), al que tuvo acceso este diario, fue entregado hace dos semanas a la fiscalía electoral. En el texto, el cuñado del presidente, el empresario textil Daniel Awada, aparece como uno de los seis donantes sospechosos identificados con nombre y apellido.
Después de detallar la situación impositiva de Awada y su participación en distintas empresas, incluyendo su condición de “empleador” en Cheek SA, dueña de la marca de ropa infantil Cheeky, el informe dice lo siguiente: “En los últimos meses habría percibido acreditaciones bancarias que ascendieron a 1.063.200 pesos.”
Por su parte Daniel Awada confirmó que había aportado 2,6 millones de pesos a la campaña Macri-Michetti para el ballotage de las elecciones del 2015, y hasta había exhibido un recibo del partido Cambiemos por ese monto a un periodista de Cronista.com, según consta en una breve crónica en ese sitio de noticias el 3 de mayo de este año.
Fuentes judiciales señalan que precisamente lo que llamó la atención de los investigadores es la magnitud del aporte, el más importante de toda la campaña macrista, en relación a la situación financiera del donante, ya que el monto entre duplica y triplica sus acreditaciones bancarias durante todo un año.
Según una investigación del sitio especializado en análisis de datos y discurso Chequeado.com del 10 de abril de este año, con “los 2,6 millones de pesos que declaró para la campaña previa al ballotage,” Daniel Awada es “el individuo privado que más dinero ha declarado haber aportado a la campaña de Mauricio Macri Presidente”. Esa investigación había detectado que la última campaña Cambiemos habría recibido más de tres millones de pesos en donaciones de gerentes y empleados de empresas contratistas con el gobierno de la ciudad, lo cual, según un fallo de la Cámara Nacional Electoral, equivaldría a un aporte empresarial encubierto, que está prohibido por la ley electoral.
Para la Procelac, la donación de Awada y otras similares deben ser investigadas para “desalentar a aquellos que eventualmente podrían estar facilitando su nombre para que figure un aporte de orígenes no permitidos por la ley de financiamiento a los partidos políticos o incluso hechos ilícitos,” según dice el informe.
Consultado por este diario Awada facilitó copias del comprobante de la transferencia y el recibo de Cambiemos y señaló por escrito lo siguiente: “Mi donación de 2.600.000 pesos, en el marco de la campaña presidencial, fue realizada a través de un banco y cuenta con toda la documentación respaldatoria necesaria, además de estar por debajo del monto máximo estipulado para el aporte de personas físicas”.
Por su parte el vocero de Macri, Iván Pavlovsky, derivó la consulta de este cronista a un amigo personal y estrecho colaborador del presidente con un importante cargo en el partido PRO y un rol clave en la fiscalización de la última campaña. “Awada dirige una empresa con más de 700 empleados, le sobra para hacer la donación que hizo. Yo hubiera querido que aporte más”, dijo la fuente, que pidió no ser nombrada. El asesor presidencial agregó que no le sorprende que el cuñado de Macri haya aportado más que los principales empresarios de la Argentina y aún más que el propio presidente, quien aportó dos millones de pesos y aparece en segundo lugar en la lista de donantes de Cambiemos. “Es normal que te apoye tu familia. Por ejemplo, cuando abrí mi estudio de abogacía mi familia me apoyó. Esta denuncia se va a terminar cuando consulten a Awada y él explique que se trata de fondos propios”, señaló.
La investigación de la Procelac, la fiscalía especial a cargo de Gabriel Perez Barberá y María Laura Roteta, contó con la colaboración de la UIF, la unidad fiscalizadora de delitos financieros que depende del Ministerio de Justicia. Surge de un convenio firmado por el organismo con la Cámara Nacional Electoral en marzo del año pasado, después de que una auditoría del tribunal encontrara irregularidades en los informes que presentaron las alianzas electorales.
Además del aporte de Awada, el informe señaló como aportes sospechosos a la campaña de Cambiemos los realizados por la poderosa empresaria industrial Ivana Karina Román, hija del llamado “zar de las grúas”, y por su pareja Ricardo Jose Mihura Estrada. Con 1.500.000 y 1.481.215, respectivamente, son los principales donantes a la campaña de Macri detrás del cuñado presidencial y del presidente. Mihura Estrada fue candidato en 2012 para representar a los abogados en el Consejo de la Magistratura de la Nación por el Bloque Constitucional, secundado por Victoria Villarruel, presidenta de la ONG Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que fue recibida por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, a pocos días de la asunción de Macri.
El capítulo del informe de la Procelac dedicado al Frente para la Victoria (FpV) incluye como sospechosos a los aportes de campaña de tres empresarios vinculados al dueño de medios, casinos y constructoras, Cristóbal López, que en total donaron 340.000 pesos. Se trata de Ricardo Benedicto, socio de López en Casino Club, que aportó $ 120.000; Héctor José Cruz, socio de López en Estados Unidos, que donó $ 120.000, y Carlos Fabián de Souza, socio de López en el canal de televisión C5N, que puso otros $ 100.000.
Con respecto a Compromiso Federal, del candidato presidencial era Adolfo Rodríguez Saá, la Procelac detectó que doce de los quince donantes privados más generosos de toda la elección hicieron aportes a esa campaña por un total de más de 4,3 millones de pesos.
En su informe, la Procelac le pide al fiscal Di Lello “profundizar la investigación del perfil patrimonial de los aportantes y los informes finales de campaña de los partidos políticos mencionados”. También solicita que la secretaría electoral remita los balances anuales de 2014 y 2015 “de los partidos de orden nacional que comprenden las alianzas mencionadas” o sea Cambiemos, FPV y Compromiso Federal, para analizar y cotejar los perfiles de los aportantes. Además, la Procelac pidió cruzar los datos de los donantes con la base de datos de la ANSES. Con un número sospechoso de donantes jóvenes aportando a la campaña de Cambiemos justo por debajo del límite establecido, se busca averiguar cuántos son empleados públicos en distritos macristas, ya que sus nombres podrían serían usados para encubrir aportes en negro, explicó una fuente.
En el caso específico de Awada, la Procelac informó que el empresario registra el Reporte de Operación Sospechosa o ROS número 39296384 del 24 de enero de 2012, en el cual “una aseguradora informó que no pudo definir el perfil del cliente atento a la imposibilidad de obtener la información y documentación” correspondiente. Además, y solicita que “se realice una amplia certificación de la causa 5583/2013 de la justicia en lo Penal Económico caratulada AWADA, Daniel y otros sobre infracción 22.415”. En esa causa, Awada había sido imputado por contrabando de ropa desde China a través de una falsa triangulación a Paraguay, ya que dos choferes denunciaron a la policía que habían perdido la mercadería en un robo pero luego declararon ante la aduana que la habían dejado en el depósito de Cheeky de Cuyo 3040, Martínez, por orden de un tercero. Sin embargo, según informó el sitio Perfil.com., el 28 febrero, dos meses después de la asunción presidencial de Macri el juez Diego Amarante sobreseyó a Awada “por el beneficio de la duda” a pesar de que los recibos aduaneros y de la AFIP de la ropa en cuestión estaban a nombre de Cheeky.
Awada también se benefició con sobreseimientos recientes en sendas causas por reducción a la servidumbre en los talleres clandestinos que proveían trabajo esclavo para confeccionar la ropa que vende en sus tiendas, tal como denunció en varias oportunidades la fundación La Alameda desde 2006. El primer sobreseimiento provino del entonces juez federal Guillermo Montenegro poco antes de asumir como ministro de seguridad de Macri en la ciudad en diciembre de 2007. Más cerca en el tiempo, en abril del año pasado, la jueza porteña María Fontbona de Pombo sobreseyó a Awada, y otros dueños de marcas de ropa de moda, en una causa similar por “reducción a la servidumbre de costureros bolivianos con documentación irregular”. La jueza falló que no es delito contratar a talleres clandestinos. Según la apelación del fiscal Adrián Madrea, citado en el sitio CosechaRoja.com, el fallo equivale a decir que para Awada “contratar a un taller donde trabajan esclavos para producir ropa de su marca para beneficiarse con ello no es su problema ni está prohibido”. El fallo de la jueza porteña fue confirmado en Cámara.
Tras recibir el informe de la Procelac sobre aportes de campaña sospechosos, fuentes de la fiscalía señalaron que Di Lello abrió una “investigación preliminar” y dispuso una serie de medidas esta semana. Por un lado, pidió al Cuerpo de Auditores Contables de la Cámara Nacional Electoral que remitan a su fiscalía “todos los informes que haya realizado hasta el momento con relación a las campañas electorales de orden nacional celebradas durante el año 2015 respecto de las alianzas Cambiemos, FpV y Compromiso Federal”. Por otra parte, pidió a la Procelac que profundice su investigación para determinar “en qué circunstancias detalladas en la presentación resultan, si bien en forma provisoria, suficientes para iniciar una investigación en el campo electoral”.
El llamativo aporte de campaña del cuñado presidencial quedó así en la mira de la justicia electoral, a la espera de novedades.
@santiodonnell
Ticket de la transferencia y recibo (abajo) de la donación de Awada.
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Para remedios no, para más cargos sí

Mientras el PAMI recorta gastos en medicamentos y acumula deudas, su titular, Carlos Regazzoni, modificó el organigrama para incorporar funcionarios con salarios jerárquicos. Los nuevos puestos se llevarán 447 millones de pesos al año de la obra social de los jubilados.
› Por Miguel Jorquera
El titular del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (más conocido como PAMI), Carlos Regazzoni, denunció en junio –ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados– que durante la gestión kirchnerista existieron “circuitos mafiosos” en la institución que se encarga de la salud de los jubilados. Tal vez por eso, el funcionario nombrado por el presidente Mauricio Macri armó su propio ejército de autodefensa en el PAMI: modificó el organigrama institucional y creó 351 cargos nuevos, gran parte de ellos con sueldos jerárquicos que trepan hasta los 161 mil pesos mensuales. Pese a sus quejas sobre “la grave situación administrativa” del PAMI, Regazzoni sumó 27,6 millones de pesos mensuales a la masa salarial de la institución. Una cifra que, con el Sueldo Anual Complementario (SAC) y el 31 por ciento de aumento que el gremio estatal UPCN acordó posteriormente con la entidad –personal jerárquico incluido—, alcanza a 447.595.200 de pesos anuales, que la obra social de los jubilados deberá desembolsar para pagar el masivo incremento salarial de los funcionarios macristas.
Ese monto de dinero representa casi el 90 por ciento de los 500 millones de pesos que la actual gestión del PAMI recortó de su gasto anual en medicamentos. O casi el 20 por ciento de la deuda 2600 millones de pesos que el PAMI acumuló en los últimos ocho meses con las farmacias que dejaron de atender a los jubilados por falta de pago y que recién en junio se comenzó a saldar parcialmente. Así como el equivalente a 4388 prótesis importadas de cadera (a un valor de 102 mil pesos cada una, con la cotización del dólar a 15 pesos) que la obra social dejó de comprar y abastecer a las clínicas que operan a los pacientes del PAMI.
El seguimiento que los diputados nacionales del Frente para la Victoria hace a la gestión macrista en el PAMI –y que encabeza Teresa García, como integrante de las comisiones legislativas de Personas Mayores y de la Tercera Edad– determinó que una de las primeras medidas de la gestión de Regazzoni fue modificar el organigrama del PAMI, que blanqueó a través de la resolución interna 2/16.
La modificación de la estructura administrativa le permitió a Regazzoni crear al menos 351 cargos nuevos desde el inicio de su gestión en diciembre pasado, cuyas designaciones acompañaron en escala ascendente todas las resoluciones internas que siguieron a la modificación del organigrama. A excepción de aquellos nombramientos cuyos salarios no superen los 50 mil pesos mensuales y que no están obligados a publicar en el boletín oficial de la institución.
Aunque la escala salarial del PAMI se compone de unidades retributivas (UR) determinadas para cada tarea específica, Regazzoni equiparó la mayoría de los cargos creados con los niveles salariales más altos de la obra social de jubilados y pensionados.
Así, los funcionarios macristas que ocuparán las flamantes 9 secretarias para las gerencias, las 3 para la Jefatura de Gabinete de Asesores y 1 nueva secretaría administrativa, cobrarán nada menos que 161 mil pesos mensuales brutos. Que con la deducción de los descuentos de ley y la alícuota del Impuesto a las Ganancias llegan a la cifra nada despreciable de 91 mil pesos de bolsillo, sin contabilizar el 31 por ciento de la paritaria de UPCN –que también alcanza a los funcionarios jerárquicos del PAMI– se transforman en 118 mil pesos mensuales en la cuenta sueldo de cada uno de ellos.
Los siguen, en la escala salarial que fijó la administración macrista en su organigrama, el nuevo coordinador –que en el nuevo esquema está “por encima del despacho del director ejecutivo”– y los también nuevos gerentes de Planificación Territorial, de Desarrollo Estratégico y de Asuntos Judiciales y de Gestión para la Calidad. Que junto a los Coordinadores de Gerencia de la Administración, de Prestadores y Proveedores, cobran 142 mil pesos mensuales brutos cada uno. Unos 81 mil de bolsillo sin contabilizar el aumento paritario.
Los 4 noveles coordinadores regionales designados por encima de las Unidades de Gestión Local (UGL) cobran 101 mil pesos mensuales brutos cada uno, equivalente al salario de un director nacional. La resolución 16/16 también creó la Coordinación General Ejecutiva en todas las UGL: 38 cargos con los mismos salarios de un director nacional, 101 mil pesos mensuales brutos.
La nueva estructura del Síndico General del PAMI tiene 13 empleados más con salarios de 83 mil pesos mensuales brutos.
En las escalas salariales algo inferiores, las designaciones son más numerosas. Los nuevos 80 jefes de agencia quedaron algo más relegados y cada uno percibe un salario en bruto de 52 mil pesos mensuales.
La gestión macrista del PAMI tampoco dejó de lado los “contratos basura” que criticó y con los que justificó miles de despidos de trabajadores estatales en todos los niveles de la administración pública. Una sangría que el viernes pasado continuó el ministro de Educación, Esteban Bullrich, con 200 contratados despedidos por su decisión de desactivar distintos programas educativos.
Regazzoni adecuó los salarios de los nuevos contratados por el macrismo no a valores del acuerdo paritario de UPCN, sino a valores del tarifazo en los servicios públicos esenciales, aumentándolos entre un 500 y un mil por ciento. Los nuevos 145 contratados Letra A “sin función específica” –algo que no contempla la escala salarial del PAMI, donde los sueldos están fijados de acuerdo a la tarea a desempeñar– cobran 85 mil pesos mensuales brutos cada uno. Mientras que los 50 con contratos letra B, también “sin función específica”, se llevan 52 mil pesos brutos. Estos 195 contratados no percibirían aguinaldo (SAC).
Los 351 nuevos cargos que asumieron los flamantes funcionarios macristas suman una erogación mensual a la obra social de 27.633.000 pesos mensuales. Una cifra que a lo largo de un año –incluido el Sueldo Anual Complementario (SAC) a excepción de 195 nuevos contratados– trepa a 344.304.000 pesos. A lo que hay que sumarle el 31 por ciento de aumento salarial que UPCN cerró posteriormente a los nombramientos en la paritaria que incluye al PAMI y todas las categorías de la obra social, por lo que cifra anual alcanza 447.595.200 de pesos anuales. Por ahora, parece que la gestión “austera” y “transparente” que el macrismo fijó para el PAMI solo alcanza a los jubilados y a las prestaciones de la institución.
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“El voto electrónico afecta cuestiones críticas”

El abogado y relator judicial en materia electoral afirma que las críticas planteadas al voto electrónico por el fallo de la Corte alemana de 2009 aún no han sido superadas por la tecnología. También advierte que las demoras en la puesta en marcha de la reforma electoral impulsada por el oficialismo ponen en riesgo su éxito.
› Por Sebastian Abrevaya
José María Pérez Corti es abogado, especialista en derecho constitucional y magister en partidos políticos. Además de ser profesor de derecho electoral en su Córdoba natal y relator electoral del Poder Judicial provincial, es uno de los pocos especialistas argentinos que estudió y analizó en profundidad el fallo del tribunal constitucional alemán sobre el voto electrónico. Sus artículos fueron publicados en revistas especializadas de derecho en Argentina y en México. En medio del debate por la reforma política que impulsa el oficialismo, Pérez Corti explica que si bien la Corte alemana no se pronunció conceptualmente en contra de la utilización de tecnología a la hora de votar, las críticas planteadas en aquella sentencia de 2009, y que derivaron en la declaración de inconstitucionalidad “no han sido superadas aún por los recursos tecnológicos disponibles”. “En la actualidad y con las normativas y tecnologías disponibles, cualquier sistema de voto electrónico necesariamente afecta cuestiones críticas”, asegura en diálogo con Página/12. Con la cautela propia de algunos hombres del derecho, el especialista advierte que si bien el momento inicial para el debate de la reforma fue el correcto por tratarse de un año no electoral, con la demora que se produjo en el Parlamento “se están forzando los tiempos políticos de debate legislativo y de los consensos sociales e institucionales”.
–¿Cuál es su análisis general sobre el proyecto de reforma electoral impulsado por el Poder Ejecutivo?
–Es un proyecto destinado a introducir modificaciones en el mecanismo o instrumento de votación (mediante el reemplazo de la boleta múltiple partidaria por una boleta electrónica) y de las PASO; con algunas reformas en aspectos como las competencias de la Justicia Electoral nacional, los regímenes de simultaneidad y sancionatorio. El momento para su abordaje inicial fue oportuno por tratarse de un año no electoral, pero ha ingresado en una etapa en la que se están forzando los tiempos políticos de debate legislativo y de los consensos sociales e institucionales, lo cual importa un riesgo innecesario para el éxito del proyecto. Por tratarse de la incorporación de mecanismos o instrumentos no consolidados en las prácticas y costumbres políticas e institucionales de la sociedad argentina, siempre es recomendable evaluar hipótesis de aplicación e incorporación progresiva. Con mayor razón tratándose de instrumentos electrónicos o informatizados, dado que su adecuación a las condiciones ambientales, de infraestructura y territoriales existentes, requieren múltiples relevamientos, planificación y reajustes de las perspectivas iniciales, a efectos de mitigar los riesgos. El tiempo es uno de los requisitos esenciales para que esta clase de proyectos llegue a buen término. La sanción de una norma específica que regule las hipótesis, procedimientos y competencias destinadas a introducir mecanismos electrónicos o informatizados de votación, era quizás, el camino más prudente y adecuado, evitando así reformar el Código Electoral Nacional. De esta manera se contaría con el reaseguro de un doble andamiaje jurídico que permitiría superar imprevistos y/o situaciones sobrevinientes a la planificación original del proyecto de implementación, tal como lo ha hecho Salta desde 2009.
–Se habla mucho del fallo del tribunal constitucional alemán sobre el voto electrónico. ¿Qué es precisamente lo que resolvió la Justicia alemana? ¿Es aplicable a los sistemas que, si bien no están definidos totalmente en el proyecto, se estima que se utilizarían en Argentina?
–En 2009, el Tribunal Constitucional alemán se pronunció sobre la inconstitucionalidad de las normas reglamentarias de los procesos de homologación e implementación de mecanismos electrónicos o informatizados de votación a nivel nacional. Este fallo tiene aspectos muy interesantes, pero destacaría tres. El primero, que la acción de inconstitucionalidad fue promovida por un padre abogado y su hijo informático, en un claro trabajo interdisciplinario que en cuestiones de esta índole resulta ineludible. En segundo lugar, el Tribunal Constitucional se fundó en principios generales del derecho electoral contenidos en la Constitución germana, y no en disposiciones específicas y puntuales, con lo cual el esfuerzo interpretativo es sumamente valioso y rico. Finalmente, no declaró inconstitucional la incorporación de tecnología a los procesos electorales, en la medida que la misma no violente principios tales como el secreto del sufragio y el respeto del contenido y decisión de la voluntad popular, sin que el sano interés empresarial y/o Estatal pueda oponerse válidamente a su adecuado resguardo y protección. En la actualidad y desde esta perspectiva, cualquier sistema de voto electrónico necesariamente afecta cuestiones críticas que hacen a la autonomía del votante y a la seguridad e integridad del sufragio como instrumento o del voto como manifestación de la voluntad popular del elector. Tal ha sido la conclusión del Tribunal Constitucional alemán, y entendemos que las objeciones allí planteadas no han sido superadas aún por los recursos tecnológicos disponibles.
–¿El sistema de voto electrónico no es efectivo para resolver problemas como los planteados por el oficialismo, como por ejemplo el robo de boletas o el clientelismo? ¿Qué problemas y beneficios le encuentra a este sistema?
–Creo que la cuestión debe plantearse al revés. La pregunta clave es si el actual sistema de boletas múltiples partidarias utilizadas a nivel nacional permite implementar soluciones a los vicios que afectan seriamente su credibilidad y la legitimidad de los que resultan electos mediante su utilización. Personalmente creo que se ha agotado, pero justo es reconocer que dicho agotamiento reconoce causales múltiples. Menciono sólo dos: la existencia de partidos sin estructuras territoriales profesionalizadas capaces de resguardar y cuidar el voto a sus candidatos que le solicitan al electorado; y por otro lado las múltiples estrategias de participación comicial y acumulación de sufragios que resultan imposibles de canalizar razonable y sanamente por ningún instrumento o mecanismo de votación. Finalmente, cabe destacar que todo lo nuevo genera una puesta a cero del régimen electoral porque todos los actores políticos vuelven a estar en igualdad de condiciones y de participación. Ello hasta que las malas prácticas posibles se vayan descubriendo. Pero aquí resultan claves dos cuestiones: una, por qué las fuerzas políticas aceptan esa lógica ilegítima y antidemocrática –cuasi-suicidas– de acceso al poder con la complicidad de sumarse a ellas en vez de denunciarlas y combatirlas; y en segundo lugar, la inacción de los organismos electorales encargados de prevenirlas y/o reprimirlas, a veces por cuestiones presupuestarias, otras por carencias normativas y, finalmente, por la falta de un rol activo y esencialmente preventivo del Ministerio Público Fiscal en todos los espacios públicos el mismo día de los comicios.
–Hay ONG que plantean una oposición cerrada al voto electrónico mientras que otros sostienen que puede utilizarse pero de manera progresiva, después de un largo proceso de verificación del software y el hardware por parte de la Justicia Electoral, con apoyo técnico de universidades y participación de los partidos políticos. ¿Qué posición tiene usted?
–En primer lugar hay una necesaria definición conceptual con respecto a la incorporación de tecnología al acto de votación, que creo pueden ser resumidas en dos grupos claramente identificados: los que están en contra y los que están a favor. En el medio, una preocupante masa ciudadana y de opinión que sin saber bien de qué se trata y sin mayores preocupaciones al respecto, se mueve entre unos y otros con una inconsciente funcionalidad que nos hace recordar a la Matrix. La tecnología, al menos desde mi experiencia como lego, siempre va por delante de la capacidad de comprensión del hombre común, que las recepta, incorpora, comienza a conocer y recién después forma un juicio de valor propio con el que revisa su decisión confirmándola o rectificándola. Este cuadro de situación llevado al campo electoral es lo que me induce a compartir la posición del Tribunal Constitucional alemán: en la actualidad y con las normativas y tecnologías disponibles, cualquier sistema de voto electrónico afecta cuestiones críticas que hacen a la autonomía del votante y a la seguridad e integridad del sufragio como instrumento, o del voto como manifestación de la voluntad popular.
–Los que defienden la boleta partidaria en papel argumentan que tanto el voto electrónico como la boleta única en papel debilitan a los partidos políticos, personalizan las candidaturas y perjudican la gobernabilidad al favorecer la posibilidad de “gobierno dividido”. ¿Coincide con esa advertencia?
–Es posible que ese sea uno de los efectos de la Boleta Única de Sufragio (BUS) en papel o de los mecanismos electrónicos o informatizados de votación (MEIV). Pero la pregunta clave no radica en tales efectos, sino en cuál es el diagnóstico por el cual entendemos que los mismos pueden resultar críticos para el actual sistema de partidos vigente en nuestro país. Y las respuestas nos llevan a reflexionar sobre la debilidad del mismo y la necesidad de comenzar a trabajar en su rediseño, planteándonos si la sociedad contemporánea no está exigiendo abandonar el modelo del partido de masas y migrar a uno más sincero en sus contenidos y actuaciones, antes que en aquel que exhibe millones de fichas de afiliación que jamás se materializan en su participación en la vida interna partidaria. Son interrogantes que tenemos que formularnos, sin que deban ser interpretados como afirmaciones o posiciones concretas.
–Pasando a otros puntos de la reforma... ¿cómo analiza los cambios en las PASO (eliminación de la fórmula presidencial y votación en un único frente electoral para todas las categorías)?
–Las PASO han perseguido consolidar un régimen de partidos políticos más sincero y sólido, en dónde la oferta electoral instrumentada a través de ellos sin las deformaciones surgidas de las numerosas y destructivas estrategias de participación electoral que denigran y desgastan a los sistemas y a los regímenes electorales. En este sentido, desde su implementación se han acumulado algunas experiencias que permiten comenzar a vislumbrar indicadores relativos a los objetivos cumplidos y los que aún están pendientes, aunque falta tiempo para poder afirmar que esas tendencias sean definitivas. Por lo tanto, toda modificación y/o reforma que se le introdujera a dicho régimen debiera responder a un adecuado diagnóstico previo; y bajo ningún punto de vista resulta aceptable que las mismas respondan a las restricciones intrínsecas del o de los instrumento/s o mecanismo/s de votación. La lógica nos indica que los instrumentos o mecanismos de votación –cualquiera fueran ellos– deben cumplir esa función: instrumentar o viabilizar la puesta en marcha de las disposiciones normativas contenidas en el régimen legal vigente.
–¿Coincide con la eliminación de las colectoras, listas espejo y demás elementos para “ordenar” la oferta electoral que sostiene el proyecto?
–Definitivamente, y no sólo porque sea una opinión personal, sino porque en la praxis comicial los nefastos resultados de estas “falsas estrategias de participación” están a la vista. Córdoba (2007), Chubut (2011), Tucumán y Santa Cruz (2015) son apenas algunos ejemplos concretos y por todos conocidos de cómo, con el transcurso del tiempo, corroen el régimen electoral y el sistema de partidos.
–Recientemente distintas fuerzas políticas tanto opositoras como oficialistas están reclamando la incorporación de la paridad de género en las listas. Otros sectores contraponen el argumento de que la participación política debe darse exclusivamente por “mérito” y no por una disposición legal. ¿Cómo lo evalúa usted?
–Se trata de dos cuestiones diferentes no excluyentes. La paridad de géneros en la conformación de las listas de candidatos como así también en el acceso efectivo a las bancas y cargos es una clara norma de carácter performativo que responde al mandato constitucional del artículo 75, inciso 23, con la cual se procura fortalecer la participación de determinados grupos sociales en inferioridad de condiciones, reforzando mediante el mandato legal su inclusión social en determinados ámbitos. El régimen nacional actual, vigente desde 1995, si bien significó un avance en su momento, hoy sólo es una formalidad que no logra satisfacer el imperativo constitucional y social de nuestros días, y que se presta en muchas a oscuras maniobras y manipulaciones a la hora de cubrir efectivamente las vacantes que se generan.
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Un gigante agazapado en las sombras

El Gobierno cerró un acuerdo con Microsoft para que ofrezca conectividad por banda ancha a través del espectro radioeléctrico. Legisladores y especialistas reclaman saber qué compromisos asumió el Estado. Peña reveló que el trato incluye cláusulas de confidencialidad.
› Por Fernando Krakowiak
El gobierno firmó a principios de mes un acuerdo con la multinacional Microsoft para que ofrezca conectividad por banda ancha a través del espectro radioeléctrico. El servicio se conoce como Television White Spaces (TV-WS) porque permite a uno o varios usuarios utilizar el espectro asignado a un determinado licenciatario de televisión, siempre que este último no lo esté utilizando, ya sea porque transmite sólo algunas horas del día, porque cubre un radio menor al que tiene asignado o simplemente porque dejó “espacios blancos” para no tener interferencias con otro operador de TV. “Brindar conectividad utilizando TV-WS resulta óptimo dadas las condiciones de propagación y extensión del territorio nacional”, destacó el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) a través de un comunicado, en el que aseguró además que ya se han realizado pruebas de conectividad con esta tecnología dentro del país. A raíz de esa situación, la diputada Liliana Mazure y un grupo de investigadores de universidades nacionales solicitaron conocer el convenio marco, las actas complementarias, addendas y/o convenios específicos para saber cuáles son los compromisos asumidos por el Estado y los beneficios que obtiene la multinacional estadounidense. A su vez, la Fundación para el Desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Fundtic) presentó la semana pasada un pedido al Ministerio de Comunicaciones para que se realice una audiencia pública antes de avanzar con cualquier cambio en las condiciones de atribución del espectro. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, reveló el miércoles en el Congreso que el convenio incluye cláusulas confidenciales.
El espectro radioeléctrico se puede utilizar con o sin licencia. La modalidad licenciada es cuando se le otorga en forma exclusiva a un operador una banda de frecuencias para dar servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, mientras que la modalidad no licenciada, o libre, es la que utiliza el wi-fi, donde todos usufructúan las mismas bandas, reservadas a esa aplicación, con el único requerimiento de que no se supere determinada potencia para no impedirle el acceso a terceros. La TV-WS ofrece una nueva posibilidad al utilizar “espacios blancos” dentro del espectro licenciado a un operador televisivo a través de dispositivos de menor potencia conocidos como WSD (White Space Devices), que funcionan con una manera similar a la de wi-fi.
La banda UHF asignada a la televisión es ideal para esos servicios debido a la excelente propagación que logran las señales y porque los canales de TV tienen asignaciones estáticas y predecibles, lo que facilita la operación. Además, la televisión por aire se concentra en zonas de alta densidad poblacional, mientras que los TV-WS tienden a ocupar áreas con población escasa. No obstante, para implementar TV-WS es necesario establecer reglas claras de transmisión y poner información detallada del espectro a disposición de los distintos usuarios. Por un lado, porque estos usuarios pueden requerir espectro al mismo tiempo y en la misma ubicación, lo que afectaría la calidad del servicio que ofrecen, como sucede a veces con el wi-fi, y por otro lado, porque es necesario saber dónde están transmitiendo los canales de TV de alta potencia. “La implementación de esta tecnología supone tener acceso a una base de datos geolocalizada para saber cuáles son las estaciones que están transmitiendo en cada localidad. Los dispositivos que utilizan los White Spaces se conectarían entonces en forma continua con esa base de datos para saber dónde transmitir”, destacó a Página/12 Luis Valle, investigador de Fundtic. En esa base de datos deberían figurar todas las estaciones de televisión existentes, pero Valle advierte que en la actualidad esa información no está disponible porque todavía no se finalizaron los planes técnicos para la Televisión Digital Terrestre ni se avanzó con el apagón analógico. A su vez, para implementar TV-WS es necesario modificar las condiciones de asignación del espectro porque en la actualidad los licenciatarios que tienen una banda concesionada la pueden utilizar de manera exclusiva y si alguien se pone a transmitir sobre las frecuencias de esa banda automáticamente puede ser denunciado por estar haciendo un uso indebido de esa frecuencia. Valle remarcó también que la tecnología TV-WS todavía es experimental a nivel mundial. “En algunos países hay pruebas, pero todavía no se emite de manera regular”, aseguró. “Desde el sector privado, los que impulsan esta iniciativa son fundamentalmente Microsoft y Google, a través de la organización Dinamic Spectrum Alliance, porque están interesados en avanzar hacia la universalidad de acceso internet en los sectores de menos ingresos para consolidar su posición dominante en la provisión de contenidos”, aseguró a Página/12 Diego Rossi, investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Lo llamativo del caso argentino es que el gobierno antes de poner en debate cuál debería ser la mejor regulación para esta modalidad de uso del espectro decidió firmar el convenio con Microsoft con el solo argumento de que es una prioridad garantizar el acceso y la conectividad a todos los ciudadanos. “Microsoft facilitará la provisión de contenido educativo a todo el país a través de programas de capacitación y herramientas informáticas que ya fueron puestas en funcionamiento en distintas partes del mundo y que han tenido excelentes resultados. Al mismo tiempo, Enacom conformará un equipo de trabajo interdisciplinario para acompañar el desarrollo de este proyecto que permitirá multiplicar la conectividad de banda ancha”, informó el 5 de agosto el organismo que preside Miguel de Godoy. Los detalles del acuerdo fueron solicitados por carta por la diputada nacional del Frente para la Victoria, Liliana Mazure, y los investigadores de universidades nacionales Diego Rossi, Mariela Baladrón, Diego De Charras, Luis Lazzaro y Daniel Badenes. “Si bien la información de prensa alude a loables objetivos de eficiencia en el uso del espectro radioeléctrico, resulta un derecho ciudadanos conocer todos los instrumentos legales y la planificación estatal por los cuales habilitan la entrada de un trascendente operador TIC, cuando el propio Gobierno puso en discusión el modelo de las comunicaciones en el país y ha demorado el despliegue de la Televisión Digital Terrestre y gratuita para los argentinos”, señaló Mazure.
El principal interrogante es qué compromisos concretos asumió el Estado ante Microsoft. Hasta el momento, el gobierno solo dio a conocer un convenio marco que tiene muy pocas precisiones. Allí se menciona como objetivo la necesidad “generar un ámbito institucional para la realización de actividades de cooperación y de asistencia técnica y tecnológica orientadas al desarrollo y fortalecimiento de la función social de las tecnologías de la información y las comunicaciones”. Debido a la falta de detalles sobre lo acordado, también se solicitaron actas complementarias, addendas y/o convenios específicos que pueda haber entre las partes. Además, se le hizo llegar la consulta al jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien en su exposición en el Congreso la semana pasada reveló que el pacto con la multinacional estadounidense tiene cláusulas secretas. “El acuerdo con Microsoft tiene una cláusula de confidencialidad, pero ante el requerimiento de la Justicia o autoridad competente se va a remitir. El Congreso, de hecho, es una autoridad competente para pedirlo”, aseguró. De ese modo, el funcionario dejó en claro de manera implícita que el gobierno no está dispuesto a entregarles esa información a simples ciudadanos que la soliciten haciendo valer el decreto 1172/03 de Acceso a la Información Pública.