23 de febrero de 2018

Fein contundente con Arroyo Salgado: "Nunca quiso participar de la autopsia"

Entrevista con Luis Novaresio

You tube


La provincia de Buenos Aires anunció el cierre de 39 escuelas rurales por “baja matrícula”
Cuando los alumnos son números en una planilla
A diez días del comienzo de las clases, el gobierno provincial anunció el cierre de jardines de infantes, primarias, secundarios y secundarios para adultos. Docentes y autoridades educativas resisten y la oposición pidió informes a la gobernadora Vidal.
La Escuela 13, “La Pergaminera”, de Lincoln, dejará de funcionar.
Tras disponer el cierre de ocho establecimientos del Delta, el gobierno bonaerense decidió clausurar 39 escuelas rurales de la provincia a solo diez días del comienzo del ciclo lectivo. El bloque de diputados del FPV ya presentó un pedido de informes en la Legislatura para que la gobernadora María Eugenia Vidal brinde explicaciones, mientras que Suteba está haciendo un seguimiento “escuela por escuela”
El cierre alcanza a tres jardines rurales y un secundario para adultos de la localidad de Tres Arroyos, dos primarias de General Viamonte, ocho escuelas en Lincoln, dos primarias de Junín, dos en Balcarce, dos en Chivilcoy, dos en Pehuajó, tres en Bolívar y una en Chascomús, entre otras. El riesgo de que muchos de los alumnos queden completamente expulsados del sistema educativo existe, a pesar de que sean relocalizados, porque es probable que muchos de ellos no cuenten con los recursos necesarios para trasladarse a sus nuevas instituciones. 
El bloque de diputados del Frente para la Victoria en la Legislatura bonaerense reclamó respuestas a la gobernadora a través de un pedido de informe porque afirman que no hubo “ninguna comunicación formal” detallada sobre las escuelas que correrán esta suerte. “Para la comunidad rural es una decisión muy fuerte, la importancia del derecho constitucional a la educación pública merece un trabajo con la comunidad, con las familias y una argumentación que vaya más allá del costo económico. La educación de un chico es una inversión y no un costo”, resaltó a PáginaI12 la diputada Lucía Portos, quien adhirió a la presentación de su bancada. La legisladora ya había presentado un pedido de informe a Vidal previamente por el cierre de las ocho escuelas del Delta.
Vidal ordenó cerrar más de 30 escuelas sin evaluar las causas demográficas o socioeconómicas que derivaron en la falta de alumnos. En el documento que presentaron el martes, los legisladores pidieron que se especifique cuál es la población afectada y que se brinden detalles sobre el trabajo previo que se realizó con los alumnos, los docentes y las familias alcanzadas por el recorte. “La situación de un solo alumno vale la pena porque estamos, además, condenando a un pueblo con dificultades de subsistencia a desaparecer”, advirtió Portos. La diputada apuntó contra el oficialismo provincial: “Nos prometieron jardines y terminan cerrando escuelas”.
Los docentes y directores de las instituciones repudiaron los cierres y la fusión de cursos, muchos de ellos comunicados por los jefes distritales. En Maipú, ayer se realizó una movilización en contra de la decisión, bajo el lema “luchemos por nuestros derechos y por una educación de calidad”. Los dirigentes docentes señalaron que la matrícula del año pasado fue de 18 alumnos, en contra de la justificación oficial. Algunos intendentes también se sumaron a los reclamos. Por caso, el jefe municipal de Chascomús, Javier Gastón, se quejó en medios locales: “Las escuelas son la herramienta fundamental para generar igualdad de oportunidades”.
Una decisión de este tipo debe ser consultada en las Unidades Educativas de Gestión Distrital, una mesa de debate en la que convergen sindicatos, inspectores, directores de las instituciones, la jefatura en educación y los representantes de la intendencia de cada distrito. Las reuniones todavía están vigentes y dos estaban agendadas para el día de ayer, aunque Sánchez Zinny ya había confirmado los cierres a los medios. Según explicó, la decisión prevé convertir esos establecimientos en centros de capacitación en oficios y unificar a los alumnos en pocas escuelas.
Desde Suteba remarcaron que no están en contra del cierre de las escuelas sin alumnos, siempre que se reconvierta al edificio en un centro educativo y se relocalice a sus maestros como dicta el Estatuto Docente, pero ya dejaron en claro que no van a permitir que se cierren instituciones con chicos. “Desde diciembre logramos frenar el cierre de varias escuelas rurales y de cursos. Cuando no hay alumnos, hay que evaluar por qué, porque esto no pasa de un día para el otro y tiene que ver con las políticas públicas que se hicieron o no”, resaltó a este diario María Laura Torre, secretaria gremial de Suteba. 
Torre aclaró que los parámetros para medir la cantidad de alumnos en las escuelas rurales, en contra del argumento del Ejecutivo provincial, dista mucho de las urbanas, donde se esperan 20 matriculaciones o más por año. “Estamos haciendo un seguimiento escuela por escuela de las rurales para garantizar el derecho a que todos los alumnos tengan educación y garantizar el seguimiento de los derechos laborales”, sintetizó la dirigente.
Pagina 12

Majul al borde de ir a juicio por difundir los audios de Cristina y Parrilli

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral dijo que el periodista Luis Majul podría tener que enfrentarse a un juicio por difundir la filtración de las escuchas entre la expresidenta Cristina Kirchner y Oscar Parrilli.

"Es delito violar cuestiones secretas y difundir escuchas que surgieron en un Juzgado, pero hay que ver cuál fue la modalidad de la filtración. Todavía no hay calificación de delito porque no sabemos el modus operandi", afirmó Canicoba Corral en FM la Patriada. 
En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por Fm La Patriada 102.1, Canicoba Corral afirmó que “se está investigando la filtración, pueden venir del juzgado de Ariel Lijo o el de María Servini de Cubría, aunque es muy difícil determinar de dónde salieron”.
"Luis Majul podría haber incurrido en un delito por la filtración de las escuchas, pero depende de la modalidad. Si encontró la cinta de grabaciones tiradas en la calle no cometió un delito, si las compró o se las dio un funcionario público ya es otra cosa."
El magistrado explicó que “las escuchas a Cristina Kirchner y Oscar Parrilli fueron obtenidas sin el consentimiento de los partícipes", y opinó: "Me parece que la difusión de las escuchas responden a un interés económico-periodístico, e indudablemente produce un gran impacto político".
Diario Registrado

Informe crítico de Amnistía Internacional sobre la situación argentina
Los retrocesos en derechos humanos
El trabajo del organismo internacional señala la criminalización de la protesta, detenciones arbitrarias y muertes en el contexto de reclamos sociales y discriminación de los pueblos originarios. El Gobierno lo calificó como “sesgado y poco riguroso”.
Amnistía habla en su informe del uso excesivo de la fuerza policial y de detenciones arbitrarias.
Criminalización de la protesta social. Detenciones arbitrarias y muertes en el contexto de reclamos sociales. Criminalización y discriminación a pueblos indígenas. Retrocesos en el reconocimiento de derechos de personas migrantes. Dificultades de mujeres y niñas para acceder al aborto legal. Incumplimiento de la orden internacional de liberar a Milagro Sala. Los seis puntos forman parte del capítulo argentino del informe La situación de los derechos humanos en el mundo 2017, que difundió ayer Amnistía Internacional (AI) y que incluye un análisis de las violaciones a derechos humanos en 159 países. La directora de AI Argentina, Mariela Belski, destacó además la creciente propagación de noticias falsas para manipular a la opinión pública y advirtió que “la retórica del ‘nosotros contra ellos’ fomenta agresiones que intentan destruir la credibilidad de quienes trabajamos en la defensa e los derechos humanos”. Para el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, el informe de Amnesty Internacional es “sesgado, incompleto y poco riguroso”.
Ya en el análisis de la “perspectiva regional” dedicada a  las “Américas”, Amnesty destaca que al cierre del informe “se seguía criminalizando y discriminando a los pueblos indígenas en Argentina, donde las autoridades empleaban procedimientos penales para hostigarlos”, y entre casos de “palizas e intimidación” destaca el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel, que en palabras del organismo “murió de manera violenta durante un desalojo” de Prefectura. Al tratar los “derechos de pueblos indígenas”, recuerda que la mayoría de las comunidades no cuentan con el reconocimiento legal de sus derechos sobre la tierra que establece la Constitución. Apunta que ya en enero de 2017 la policía de Chubut y Gendarmería cerraron los acceso a la Pu Lof en Resistencia para golpear, intimidar y detener a sus miembros y que en agosto la misma fuerza federal “llevó a cabo una operación ilegal durante la cual desapareció Santiago Maldonado”. En Neuquén, en tanto, el plan de inversión para el yacimiento petrolífero de Vaca Muerta no contó con la participación de la comunidad Lof Campo Maripe, apunta Amnesty, que toma nota de “procedimientos judiciales para intimidad a pueblos indígenas” y de la detención durante 190 días de Agustín Santillán, líder los wichis en Formosa.
En materia de libertad de expresión y reunión, se destacan las “detenciones indiscriminadas” durante la manifestación del Día de la Mujer el 8 de marzo, la represión “con violencia” a los docentes que en abril reclamaban por salarios justos y las 31 personas “violentamente detenidas y retenidas” durante dos días en comisarías tras “una manifestación masiva” por la desaparición de Maldonado. En diciembre, cuando una multitud salió a las calles para repudiar la reforma previsional, “la policía hizo un uso excesivo de la fuerza y hubo denuncias de detenciones arbitrarias”. En el caso de la líder de la Tupac Amaru, “no se atendió el llamamiento del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria” de Naciones Unidas que exigió la “liberación inmediata” de Sala, y se atendió sólo “parcialmente” el pedido de la CIDH “ya que las condiciones impuestas” en el arresto actual no cumplen “las normas nacionales e internacionales”.
“Obstáculos para acceder a un aborto legal” en los casos previstos por la ley, resume Amnistía al tratar los derechos sexuales y reproductivos, y recuerda que “la despenalización plena está pendiente de aprobación en el Congreso”. La violencia contra las mujeres implicó “al menos 254 feminicidios” en once meses, en tanto “el Instituto Nacional de las Mujeres y el Plan de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres para 2017–2019 parecían carecer de los recursos necesarios para su implementación plena”.
En el fragmento dedicado a derechos de refugiados y migrantes, Amnistía destaca que “sin debate parlamentario, el gobierno modificó la Ley de Migraciones de 2004 par limitar los derechos de entrada y residencia y potencialmente acelerar las deportaciones”. Apunta además que pese al compromiso de recibir a 3000 refugiados de Siria, no se creó “ningún programa de reasentamiento” y apenas 400 se beneficiaron de “un plan de patrocinio privado y de visados por razones humanitarias”.
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¡Volvimos al mundo!
Se demora la habilitación para que las telcos brinden TV satelital
Se quedaron al pie del satélite
Página/12 pudo confirmar de fuentes oficiales y privadas que no habrá DNU y que las telefónicas deberán esperar a que el tema sea debatido por el Congreso. Las cableras habían amenazado con judicializar. Malestar de Telefónica y Claro.
Por Fernando Krakowiak
Telefónica y Claro eran las principales impulsoras del decreto que las iba a habilitar a brindar TV satelital.
Luego de que Cablevisión y Telecom anunciaron su fusión el 30 de junio del año pasado, el gobierno dejó trascender que estaba evaluando habilitar a las telefónicas a brindar televisión satelital para equilibrar la cancha e incrementar la competencia en el sector. “Creo que es muy probable”, aseguró el titular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Miguel de Godoy, el 20 de septiembre en la jornada de los cableros, aunque aclaró que la última palabra la tendría el presidente Mauricio Macri. Para avanzar es necesario al menos un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), pues la prohibición figura en el DNU 267 de diciembre de 2015. Fuentes oficiales aseguraron primero que el decreto podría salir publicado a fin del año pasado, luego la fecha se corrió para mediados de enero y después para febrero. Sin embargo, PáginaI12 pudo confirmar de fuentes oficiales y privadas que no habrá DNU y que las telefónicas deberán esperar a que el tema sea debatido por el Congreso.
Las telefónicas habían insistido con que una vez autorizada la fusión la única empresa que iba a estar en condiciones de brindar cuádruple play (telefonía fija, móvil, televisión paga y banda ancha) en el corto plazo sería Telecom-Cablevisión porque la red de Telefónica sigue siendo fundamentalmente de cobre y no resiste un paquete de señales audiovisuales, mientras que Claro es una empresa de telefonía móvil y tampoco tiene una red de fibra para hacerle frente al Grupo Clarín. Por eso reclaman poder brindar televisión por satélite. 
Del lado de Clarín siempre responden que ellos tienen una red mejor porque invirtieron en fibra óptica, mientras que las telefónicas no lo hicieron. A su vez, advierten que si se habilita a las telefónicas a dar televisión satelital nunca invertirán en fibra óptica. Las telcos responden que no invirtieron en fibra porque tenían prohibido brindar televisión y que ahora que están habilitadas aceleraron la inversión en redes, pero aclaran que no están en condiciones de competir de igual a igual en el corto plazo. 
Esa disputa pareció en un momento haberse resuelto a favor de las telefónicas aunque con ciertas restricciones. El DNU que se estaba elaborando contemplaba una protección para las pymes el impedirle a las telcos brindar televisión satelital en pequeñas localidades. “Estamos interesados en competir y necesitamos que nos liberen las amarras. Nos dicen que se va a hacer una distinción entre grandes y pequeñas ciudades y nos parece correcto. Nosotros confiamos en esa palabra y ya comenzamos a invertir”, aseguró una fuente de las telefónicas a este diario en diciembre. 
Parecía estar todo listo, pero el lobby en contra del DNU se acrecentó. No sólo el Grupo Clarín se oponía sino también algunas cableras de tamaño medio como Telecentro (Alberto Pierri), Supercanal (Daniel Vila), el Grupo Ick de Santiago del Estero y Express de Rosario (ex Cablehogar) amenazaron con ir a la justicia si salía el decreto. Por ese motivo, finalmente el DNU quedó abortado y ahora el gobierno tiene previsto que el tema lo discuta el Congreso. Una posibilidad es que la habilitación forme parte del proyecto de ley de comunicaciones convergentes que se viene proponiendo desde comienzos de 2016, aunque también se está evaluando enviar un proyecto para tratar especialmente ese tema. A las telefónicas la decisión las tomó por sorpresa y por lo bajo cuestionan al gobierno y le apuntan, una vez más, al Grupo Clarín.  
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Clarin esta enojado por esto de allí algunas tapas contrarias al gobierno que sabe que sin apoyo de los medios naufraga.
El intento de remoción que sólo terminó en una sanción
Ante la resistencia de jueces y abogados a evaluar a los magistrados por sus fallos, los representantes del macrismo en el Consejo de la Magistratura dieron marcha atrás con la intención de iniciarle juicio político a Rafecas.
Tonelli y el consejero Mahiques presentaron el dictamen que desiste de sancionar al juez por haber rechazado la denuncia de Nisman.
El oficialismo recalculó su estrategia y le bajó el tono a su embestida contra el juez federal Daniel Rafecas. En una nueva reunión de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura, Cambiemos logró imponer un dictamen que reemplaza un pedido de juicio político, con el que habían insistido hasta fines del año pasado, por una sanción económica. Presentado por el diputado oficialista Pablo Tonelli y el representante del Poder Ejecutivo en el cuerpo, Juan Bautista Mahiques, el dictamen desestimó evaluar la decisión de Rafecas de archivar la denuncia del fiscal fallecido Alberto Nisman sobre el Memorándum con Irán, y se limitó a incluir los hechos que denunció el diputado oficialista Waldo Wolff, quien acusó al juez de amenazarlo. Con esa formulación, el dictamen recogió la mayoría de los votos: seis de nueve. Rafecas adelantó que, de ser sancionado, apelará la decisión ante la Corte Suprema. 
La jornada amaneció con un cambio en el panorama que se le auguraba a Rafecas, a quien hasta fines del año pasado se lo veía ante la misma suerte que el ex camarista Eduardo Freiler, quien fue destituido. En plena reunión de comisión, Tonelli, que preside el cuerpo, fue el encargado de confirmar las versiones que auguraban la bajada de tono en la postura oficial: “Fue una decisión desacertada y con consecuencias disvaliosas pero, sin perjuicio del evidente desacierto, estuvo y se mantuvo dentro del marco de posibilidades que la ley le brindaba”, planteó en relación al accionar con el que el titular del Juzgado Federal 3 abordó la denuncia de Nisman, la que archivó por considerar evidente la inexistencia de delito.
Tal accionar, denunciado por la diputada de Cambiemos Elisa Carrió, y retomado dentro del Consejo de la Magistratura por el senador Ángel Rozas, fue el argumento principal con que el oficialismo sostuvo hasta ayer el inminente juicio político al magistrado. Incluso después de la audiencia en la que, en diciembre pasado, Rafecas tuvo que responder preguntas de los consejeros de la Comisión de Disciplina del Consejo, cual si estuviera transitando una indagatoria, y de la que salió airoso, Rozas consideró probado que el juez había incurrido en una “negligencia grave y manifiesta arbitrariedad” al desestimar de la denuncia de Nisman. Ayer, el radical insistió en impulsar un dictamen que lo sometiera a un jury de enjuiciamiento. 
El único que apoyó su planteo fue el diputado oficialista Mario Negri. Para explicar por qué la otra parte del oficialismo dentro del organismo que evalúa el desempeño de los jueces abandonaba el barco de la destitución, Tonelli apuntó que el accionar de Rafecas “no llegó a conformar una excepción a la regla que nos impide juzgar y resolver acerca de las decisiones jurisdiccionales de los jueces”, principal argumento que, según él, motivó el dictamen “alternativo” que presentó junto al consejero del Poder Ejecutivo. 
La estrategia para remover al titular del Juzgado Federal 3 a caballo de la denuncia de Nisman en contra de la ex presidenta Cristina Fernández, el ex canciller Héctor Timerman, varios otros ex funcionarios y referentes políticos, a quienes el fiscal fallecido acusaba de encubrir a los responsables del atentado a la AMIA mediante la promoción del Memorándum con Irán, caminó desde el vamos por una delgada línea: la jurisprudencia del Consejo y de la Corte impide echar a un juez por el contenido de sus decisiones. De haber prosperado el juicio político, Rafecas se hubiera convertido en el primer juez en ser destituido porque el contenido de una decisión jurídica, es decir, en el marco de su desempeño como juez, fuera desaprobada. Esa situación incomodaba a los consejeros que representan a los jueces –Luis María Cabral y Leónidas Moldes– y los abogados –Adriana Donato–. “Nunca estuvieron convencidos de avanzar sobre decisiones jurisdiccionales de un juez”, advirtieron fuentes del Consejo de la Magistratura. 
El dictamen oficialista que llegará al plenario del Consejo sólo toma en cuenta la denuncia con que el diputado Wolff, ex vicepresidente de la DAIA, le cuestionó a Rafecas que lo citó junto a otros dos directivos de la entidad para informarles la decisión de cerrar el expediente de Nisman, y unas supuestas amenazas telefónicas. Para Tonelli y Mahiques, esos hechos “quedaron debidamente probados, el juez incurrió en una conducta mala”. Los tradujeron en “trato incorrecto a las partes del proceso”, “comisión de actos ofensivos al decoro de la función judicial, el respeto a las instituciones democráticas y los derechos humanos o que comprometen la dignidad en el cargo” y falta o negligencia en el cumplimiento de sus deberes, así como” las obligaciones establecidas en el Reglamento para la Justicia Nacional”, y aconsejaron al plenario la aplicación de una multa equivalente al 50 por ciento de sus haberes. 
El dictamen “alternativo” de Tonelli y Mahiques se convirtió en el mayoritario. Cosechó los votos de Donato, quien se rehusaba a opinar sobre el contenido del fallo de Rafecas pero estimó que su conducta hacia Wolff “no guardó el decoro que se le pide a un juez”, y de Cabral, que a la hora de dar su opinión se fue al baño. Y también los de Negri y el propio Rozas. “A pesar de que no estoy ciento por ciento de acuerdo, esta propuesta toma parte de mi proyecto”, dijo Rozas. 
Moldes, por su parte,  presentó un dictamen que, pidió, sea elevado al plenario en representación de la minoría, donde que rechaza todas las acusaciones en contra de Rafecas. Las relativas al archivo de la denuncia de Nisman porque “se trata de actos jurisdiccionales que están fuera del control de este cuerpo”. En cuanto a lo denunciado por Wolff, tampoco observó un “desvío de conducta suficiente como para que este cuerpo sancione”. Su postura fue seguida por el senador Juan Pais. Las decisiones de los jueces “pueden gustar o no a las partes, a la sociedad toda, pero eso no implica que constituyan un delito”, postuló. Desde fuera de la comisión, pero en calidad de consejera, la jueza Gabriela Vázquez consideró que “una sanción sería una suerte de censura a los dichos y actuaciones” de los magistrados. Jorge Candis, consejero en representación de la academia, no votó ni opinó.   
En el Consejo ayer aseguraban que en el plenario estarían los votos necesarios para aprobar esa sanción. De cumplirse ese destino, Rafecas confirmó que apelará la decisión ante la Corte Suprema de Justicia. Mientras, se prepara para concursar para el cargo de defensor general adjunto, que se abrirá en el transcurso del año. 
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22 de febrero de 2018

Escándalo total: la familia presidencial se mete en un nuevo negocio de la mano de Macri

Sucede a semanas de la grave denuncia por hacer negocios con los parques eólicos. Socma, atrás de la maniobra.
Mauricio Macri dio un mensaje contundente ayer: prometió energías verdes para 2019. Pero acaba de revelarse que su familia será parte de ese negocio. Así, entra a un mercado nuevo de la mano del mandatario.
En la inauguración del "Foro de energía eficiente y renovable" en el contexto del G20, ayer Macri aseguró que de los más de 100.000 millones de dólares anunciados en inversiones en los últimos dos años para Argentina, 5.500 millones corresponden a proyectos de energías renovables. La familia Macri participará ahora de esa torta.
Según reveló hoy el sitio Econojournal, con la firma del periodista Nicolás Gandini, como exclusiva, el Grupo Macri desembarca en el negocio de las energías renovables.
Socma, de la familia Macri, creó la firma Gea Energy para vender gas y electricidad a grandes consumidores.
"La empresa está en negociaciones con grandes industrias para comercializar energía generada en proyectos renovables (mayoritariamente eólicos y fotovoltaicos)", afirma el portal sobre el negocio.
Pero no solo eso: conscientes que cualquier licitación ganada por Socma generaría controversias, esta vez el grupo Macri no se presentará a ganar negocios directamente con el Estado. Por el contrario, será intermediario de la energía que generen empresas que sí se presenten a licitar con el Ministerio. El Gobierno de Macri otorgará permisos para explotar estas fuentes de energía y quienes la ganen posiblemente tengan a Socma como un cliente.
El Presidente apuntó ayer que, mientras que en 2015 estos recursos generaban solo el 2% de electricidad, para 2019 espera que este porcentaje llegue al 8 por ciento.
Una de sus últimas frase fue: "El acceso a la energía es fundamental para generar igualdad de oportunidades". Ahora las oportunidades sobre energías renovables serán para la familia Macri.
En enero de este año, Perfil reveló en una investigación que, sin licitación, el Grupo Macri compró y luego revendió seis parques eólicos. Así, con ese negocio, ganó US$ 15 millones.
El Destape
El Consejo de la Magistratura desestimó avanzar con el jury en su contra
Rafecas sigue en su cargo
La Comisión de Acusación del Consejo descartó someter al juez federal a juicio político, pero pidió que se le aplique una sanción económica equivalente a la mitad de su sueldo. Había sido denunciado por desestimar la denuncia de Alberto Nisman contra CFK.
Rafecas, cuando fue el Consejo a hacer su descargo.
Finalmente, Daniel Rafecas permanecerá en su puesto de juez federal y, si el plenario del Consejo de la Magistratura lo dispone, recibirá una sanción económica equivalente al 50 por ciento de su sueldo. Así quedó establecido en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, donde esta tarde se aprobó el dictamen impulsado por Juan Bautista Mahiques, consejero del Poder Ejecutivo.
Hubo tres dictámenes en danza. El del Mahiques, al que se sumó el diputado oficialista Pablo Tonelli; el del senador radical Angel Rozas, que proponía la destitución; y el de Leónidas Moldes, quien sostuvo que no tenía sustento la acusación porque implicaba juzgar criterios de interpretación del magistrado.
Rafecas fue llevado al Consejo de la Magistratura por no haber haber abierto a prueba en dos ocasiones la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman respecto del supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA a través del memorando de entendimiento con Irán en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La sanción económica se fundamenta en que el juez llamó al hoy diputado macrista Waldo Wolff cuando el entonces dirigente de la comunidad judía apareció en televisión y criticó su decisión.
Esta tarde comenzó a tomar forma la postura del oficialismo con el dictamen que presentó Mahiques. Rozas no cejó en su intento de avanzar con la destitución y puso su dictamen sobre la mesa. Contó con el apoyo del diputado Mario Negri, correligionario y presidente del interbloque de Cambiemos en la Cámara baja. Solamente el senador chaqueño y el diputado cordobés votaron a favor de ese dictamen, que fue el primero que se trató. Luego se debatió el de Mahiques: antes de votar, Rozas pidió la palabra y adelantó que cambiaba su postura.
Por Twitter, Wolff aseguró que “volvería a denunciar” al juez. A primera hora de hoy había tuiteado: “Que cada uno se haga cargo de su voto”, y que “lo que haga hoy el Consejo de la Magistratura no cambia mi posición, ni la verdad”.
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El mejor final: Twitter destruyó a parte de los trolls del Gobierno de Macri

La red social pateó el tablero y tomó una drástica decisión.
Se acabó: la red social Twitter destruyó a parte de los trolls del Gobierno de Mauricio Macri. Twitter se cansó de la manipulación con mensajes masivos enviados por robots (conocidos como bots) y los prohibió.
Según anunció la compañía, "suprimirá de su plataforma contenido idéntico o muy similar publicado por parte de múltiples cuentas de forma simultánea, retuits y likes (me gusta) mecanizados, así como el uso automatizado de varios perfiles para difundir el mismo contenido".
Ahora, los mecanismos usados por los bots macristas de repetir mensajes en la red serán prohibidos.
Hubo varias campañas llevadas a cabo por las personas que trabajan para Cambiemos para generar influenciar en las redes.
El modus operandi era claro: usar robots para repetir el mismo tuit contra algún opositor en cientos de usuarios diferentes.
"La compañía ha explicado en un comunicado que la decisión intenta hacer frente a la "actividad maliciosa" detectada en situaciones de conflicto o en eventos de alta trascendencia social, como sucedió en el debate secesionista catalán o en las elecciones de Estados Unidos, donde la intervención intencionada de robots ha quedado acreditada", según reveló el diario El País de España.
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Ronald Noble dio detalles de su mail a Timerman
Precisiones que desbaratan otra maniobra
El ex titular de Interpol desmintió que un mensaje que le envió al ex ministro de Relaciones Exteriores el 16 de enero de 2015 haya sido en verdad escrito en la Cancillería. Reiteró que Argentina nunca pidió el cese de las alertas rojas a los iraníes acusados por el atentado a la AMIA.
El ex jefe de la Interpol Ronald Noble salió a desarticular una nueva operación sobre la supuesta falsedad de un mail de ese organismo internacional al ex canciller Héctor Timerman. Noble reiteró que las alertas rojas que pesan sobre los iraníes imputados en el caso AMIA se mantuvieron sin cambios después del Memorándum con Irán y negó que su función haya tenido "parcialidad" a favor del gobierno de Cristina Kirchner.
A través de su cuenta de Twitter Noble aportó información que refuta la nota publicada por Clarín en la cual se afirma que “una pericia de parte de la querella” que acusa al gobierno de CFK de haber pedido a Interpol que levantara los pedidos de capturas sobre los cuatro iraníes sospechados por el atentado de 1994 contra la mutual judía “dictaminó que un mail” que le envió a Timerman “fue escrito en computadoras de Cancillería”. La denuncia intenta desmentir lo que a todas luces aclararon Noble y Timerman sobre la falsedad de que la condición para firma del Memorándum con la república islámica fue el cese de las alertas rojas sobre los iraníes.
El ex titular de Interpol aseguró que ese correo fue fechado el 16 de enero de 2015, escrito desde su cuenta personal y enviado al entonces vicecanciller Eduardo Zuain, quien lo hizo traducir del inglés al español y lo reenvió a Timerman. Es decir que el correo peritado y publicitado por Clarín no es el original escrito por Noble, sino su traducción escrita, sí, en instalaciones del Palacio San Martín.
Por este hecho, Noble calificó de “engañosa” y “falsa” a la información publicada por el diario argentino. En 12 publicaciones en su cuenta de Twitter dio detalles del caso y rebatió los cuestionamientos en su contra. La última vez que lo había hecho fue el 13 de diciembre pasado, cuando también se había intentado instalar la idea de que CFK pidió levantar las alertas rojas. Entonces, Noble se había ofrecido declarar como testigo ante la Justicia argentina.
Esta vez, el ex funcionario de la Policía Internacional aseveró que ese mail fechado el 16 de enero de 2015 fue emitido desde Dubai a través de su cuenta de mail personal. “Todos sabían que el correo electrónico era privado, no de Interpol”, reforzó.
Por este motivo, acusó al juez federal Claudio Bonadio de haber considerado “erróneamente” que esa nota era parcial, a favor de la postura del gobierno argentino. “Ni Timerman ni Argentina habían pedido que se eliminaran los avisos rojos de AMIA”, reiteró el ex funcionario.
Además, dijo haber “declarado en repetidas ocasiones por escrito y a los periodistas que solo él había escrito” ese correo, y subrayó que “nadie en el Ministerio de Relaciones Exteriores podría haber escrito una carta de ese estilo”.
Según dijo, la misiva fue enviada por él desde los Emiratos Árabes desde su cuenta privada Zuain, “antes de ser traducido por Cancillería y presentado al público. Es por eso que (el original) no se puede encontrar en las bases de dato del Ministerio”, explicó. También ofreció buscar los respaldos en “los registros internos y comunicados de prensa de Interpol”, y hasta dijo que “un experto en informática competente y honesto” lo podría demostrar “que el correo se tradujo a Timerman y que ese archivo creado en computadoras de Cancillería se produjo después de que lo había enviado”, reiteró.
La serie de notas en la red social también pone en tela a la Justicia por negarse a citarlo a declarar en carácter de testigo. Noble plantea que si creen que es parcial o no escribió ese correo, por qué no le preguntan a Interpol "si Timerman o alguien de la Argentina alguna vez solicitó que se eliminen los avisos rojos de AMIA?”
Página 12
 
Gas Natural BAN propuso en la audiencia aplicar una tarifa plana
Buscan disimular el próximo tarifazo de gas
Página/12 informó el lunes que Metrogas y Gas Natural Ban presentaron pedidos de aumentos que en algunos casos llegan al 44,5 por ciento y en un año acumulan hasta un 111,2 por ciento. En respuesta a esa situación, buscan aplicar una tarifa que regiría por semestre y que trasladaría parte del impacto de los meses de mayor consumo al resto del período.
El Gobierno evalúa la posibilidad de introducir cambios en el modo de facturación de las tarifas de gas para disimular el impacto que provocará en el próximo invierno la fuerte suba que se aplicará a partir de abril. Página/12 informó el lunes que las empresas Metrogas y Gas Natural Ban presentaron al Ente Regulador del Gas pedidos de aumentos que en algunos casos llegan al 44,5 por ciento y en un año acumulan un incremento del precio del metro cúbico de hasta el 111,2 por ciento. Esas subas coincidirán con un invierno en el que se prevén temperaturas más frías que el de 2017. Por lo tanto, es probable que el impacto en los hogares sea todavía mayor.  En respuesta a esa situación, buscan aplicar una tarifa que regiría por semestre y que trasladaría parte del impacto de los meses de mayor consumo al resto del período. La propuesta fue explicitada hoy por la mañana en la audiencia pública por Jorge Niemetz, director de Compras de Energía y Regulación de Gas Natural BAN, la distribuidora que opera en 30 distritos del norte y oeste del gran Buenos Aires.  
Luego de informar qué aumento tarifario reclaman, Niemetz detalló la propuesta, que en principio cuenta con el visto bueno del Gobierno. “Por último, es objeto de esta presentación también proponer una alternativa de facturación plana que permita facilitar el pago del servicio y amortiguar el impacto de los meses de mayor consumo dando previsibilidad a la factura. En este sentido, la metodología propuesta por Gas Natural Ban se estructura en dos períodos semestrales de año calendario que comprenden los bimestres 3º ,4º y 5º, mientras que el segundo período serían el 6º, 1º y 2º bimestre, respectivamente. A partir de los consumos históricos del cliente se obtiene un volumen mensual para cada semestre y ese volumen multiplicado por la tarifa aplicada en abril y octubre de cada año va a generar un monto de dinero que dividido por seis definirá un importe promedio de pago mensual. De esta forma, se aplica un importe previsible”, aseguró Niemetz.
El ejecutivo de Gas Natural BAN aclaró además que cada factura exhibirá también un “importe de estabilización” con la diferencia que arrojaría el total a pagar si no rigiera la tarifa plana. “Al final de cada semestre lo que se hace es un ajuste donde los clientes que hayan ahorrado tendrán una diferencia a favor que se les retribuirá automáticamente y a los que se hayan excedido se les cobrará la diferencia. De esta manera, se goza de una tarifa previsible”, agregó Niemetz.
Según un ejemplo expuesto por Gas Natural BAN, un cliente que consume 1050 metros cúbicos por año y que en el invierno pagaría facturas que van de 2000 a 3300 pesos por bimestre, con la nueva modalidad pasaría a pagar seis facturas de 1300 pesos por mes durante todo un semestre. La empresa solicitó además que esta modalidad comience a regir a partir del tercer bimestre de este año y se le aplique sólo a los clientes residenciales.
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Sigue el escándalo en el juicio por encubrimiento de la AMIA
Sale el abogado, se queda el alegato proimpunidad
El TOF 2 resolvió que el abogado José Console designado por el Gobierno no estaba habilitado para actuar en la causa por integrar el Consejo de la Magistratura porteño. A pesar de ello, mantuvieron vigente su alegato, que modificó la posición de la querella del Estado para no acusar a los fiscales Mullen y Barbaccia.
El Tribunal Oral Federal N°2, que lleva adelante el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA, dispuso hoy que sea apartado de la querella del Estado el abogado José Console por tener un cargo paralelo en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, mantuvo la legalidad de su alegato, en el que desistió de acusar a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia.
¿Recuerdan a Console, el abogado que puso Garavano en la querella del MinJus del para que leyera alegato que absuelve a exfiscales Mullen y Barbaccia? El TOF acaba de apartarlo de la querella. El alegato escandaloso que leyó, sin embargo, fue aceptado.
Una multitud colmó la 9 de Julio para reclamar contra la política económica de Macri
Una gozosa victoria transitoria
Las claves de un acto ejemplar, sin policía ni provocadores. Distintas voces que resonaron, en el palco y en la calle. La muchedumbre, protagonista de la jornada. Qué se dijo, qué pasó, qué falta.
El clima ayudó, gauchito, perspicaz y solidario. Un sol resplandeciente en el intenso febrero porteño hubiera transformado el pavimento en una sartén y achicharrado a los manifestantes. La calle estuvo vivible en un día ligeramente inestable, con el cielo nublado de a ratos, soleado en otros y cuatro gotas tibias que cayeron sin notarse. 
La muchedumbre se apropió de la avenida 9 de julio que acaso ya no sea la más ancha del mundo pero llega a cien metros y está ladeada por dos calles. Belgrano, la perpendicular que desembocaba en el palco, es otra avenida amplia. 
El entorno del escenario, dispuesto de espaldas al Obelisco, rebosaba de gente abigarrada, de frente y a los costados. ¿Cuántos por metro cuadrado? La densidad crece si son trabajadores o militantes en su mayoría. Si el Gobierno ponderó 140.000 participantes, usted arranque de un piso 200.000 solo para empezar.
Las banderas y los laburantes ocupaban varias cuadras más en la gran avenida y se desparramaba por las calles aledañas.
Bombos, redoblantes, percusión variada… pirotecnia solo en las primeras líneas, todo está muy caro en la era macrista.
El acto fue un éxito por el nivel de asistencia, por la conducta de los asistentes. La desconcentración transcurrió más tranqui que la llegada: militantes y personas sueltas (que las hubo en cantidad) iban precavidos. Ojo a las provocaciones y los infiltrados -avisaban y advertían– que no haya violencia promovida y luego capitalizada por el Gobierno.
El cronista trajinó a pura infantería decenas de cuadras: no vio un policía porque tuvieron el tino de hacerse a un lado. 
Los provocadores profesionales de los servicios de inteligencia por una vez se tomaron franco o (quién sabe) pegaron un faltazo. En una de esas, perdieron el plus por presentismo (¡ay!) pero por omisión coadyuvaron a  que la fiesta popular fuera completa.
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Voces y representaciones: No fue el “acto de Moyano” sino una enérgica demostración opositora de argentinos de clase media y en especial del variado abanico de la clase trabajadora. Moyano se quedó con la palabra en el cierre pero otros oradores dijeron lo suyo. A su modo, expresaron la policromía de los laburantes. 
  • Juan Carlos Schmid, uno de los miembros del agonizante triunvirato de la Confederación General del Trabajo (CGT). Los formales, que cobran mes a mes, perciben aguinaldo, vacaciones pagas y tienen acceso a obra social o prepaga. 
  • Sergio Palazzo, el Secretario General de la Bancaria, un gremio privilegiado por el nivel salarial y de conquistas cuyas patronales se la están llevando con pala (a diferencia de las industrias en general y las PyMEs en particular). Rara avis el compañero- correligionario Palazzo, un dirigente de linaje radical en una actividad que antaño se llamaba de “cuello blanco”. Viene siendo consistentemente combativo contra el macrismo y sus empleadores “desde la primera hora”. La resistencia de los Bancos a cerrar la Paritaria con niveles salariales dignos no obedece a motivaciones económicas sino políticas: no dar el brazo a torcer con un gremio de la Corriente Federal. El Ministro de Trabajo Jorge Triaca (h) coadyuva a los empleadores o los conduce… vaya uno a saber. La solidaridad de clase existe.
  • Hugo Yasky y Pablo Micheli, conductores de las dos expresiones de la CTA, cuya división –como tantas– no obedece a reales diferencias de sus representados. Siempre combativos, embanderados en la oposición al gobierno, tenaces en la calle, dispuestos a converger en actos pluralistas. Representan mayormente a estatales, sobre los que cae ahora una vindicta tremenda. Yasky proviene de los gremios docentes, pertenencia que ensalzó tanto como a los luchadores sociales, a los despedidos, al presidente obrero brasileño Lula da Silva.
  • Esteban “el Gringo” Castro expresó a la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y a otras organizaciones sociales. Narró que quienes hasta hace poco (sobre)vivían con changas y algún programa social ahora son usualmente desocupados en toda la línea. “Diganmé que CEO, de qué empresa puede vivir con 4700 pesos por mes”  desafió. Podría haber hecho extensiva la pregunta a personas del común. 
La malaria castiga de modo dispar, los informales la padecen más. Primero porque falta conchabo, luego porque la paga es más elástica a la baja que la de compañeros de clase con trabajo estable. La recesión pega primero “abajo” como casi todos los males sociales o económicos.
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Diálogos y coros: El edificio de referencia para la convocatoria, enclavado en la 9 de Julio ocupado hoy por el Ministerio de Desarrollo Social. Antaño hospedó a otras reparticiones. En 1951 le tocó al Ministerio de Obras Públicas. Allí se dramatizó el “Cabildo Abierto” de la CGT que le pidió a Eva Perón que fuera candidata a vicepresidenta el año siguiente. Evita, es sabido, produjo su renunciamiento o más bien pidió tiempo para diferir el “no” de plano. 
La masa que la escuchaba dialogó con ella, le exigía que aceptara. Las imágenes de época muestran un melodrama político tremendo. Resonaba el silencio cuando hablaban el entonces presidente Juan Domingo Perón y Evita. El ida y vuelta demuestra que había escucha.
Ayer fue distinto, no solo porque el sonido falluteaba de lo lindo y flaqueaba a medida que uno se alejaba del palco. También, porque más allá de la devoción de los camioneros con “Hugo”, las columnas se auto representaban, se hacían oír, si usted quiere hablaban o coreaban en paralelo con los oradores formales. 
Las voces del incorrectamente apodado”acto de Moyano” brotaron de decenas de miles de gargantas, correlato de la unidad en la acción y también de la fragmentación de las representaciones políticas, gremiales y sociales. Claroscuros o dialéctica que no da aún con la síntesis, usted dirá y cualquier veredicto será provisorio.
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Conductas y consumos: El cronista camina, por costumbre, a contramano de las marchas. Arranca desde el palco y va cruzándose con las columnas, si puede de ida y vuelta. El cometido era  complejo ayer porque una mega avenida es diferente a una Plaza y atravesarla transversalmente en los espacios más nutridos costaba mucho.
Llegó desde el norte, desde el Obelisco. La mayoría de las columnas venían desde el Sur, como en tantas movilizaciones del pasado. Pero se esparcían por doquier, también por las paralelas a las avenidas.
Lo primero que vio este escriba fue una mujer vestida con extrema y pulcra sencillez, humilde a carta cabal. Estaba apoyada sobre un bondi, con una heladerita por todo equipaje. Vendía latas de cerveza frías. Este escriba pensó en llamar a algunos colegas de medios oficialistas para prestarles esa imagen símbolo: micro y birra, la noticia soñada.  Tal vez necesitaban ayuda porque la multitud serena y prevenida defraudó sus expectativas. Los denuncieitors de borracheras e incivilidades, tuvieron una jornada aciaga, pobre fue su cosecha.
Se expendía cerveza en las veredas, también muchas gaseosas porque la canícula fue piadosa pero muchas horas de viaje y de espera causan sed. 
La zona del acto es activa en días de semana, muchas oficinas estatales o privadas. Abundan entonces restaurants, pizzerías al paso (relativamente) baratas, célebres cadenas gringas de hamburguesas caras, cafés y maxikioscos. Casi todos se mantuvieron abiertos, lo bien que hicieron. Estaban tanto o más colmados que de costumbre. En su misma vereda, a veces en su vidriera se aposentaban vendedores de delikatessen sencillas: bebidas, flautas de salame y queso, empanadas, un canto al colesterol y las grasas sabrosas. Las parrillas, a las bocacalles, porque el calor y el humo exigen más espacio vital.
Sin prejuicios ideológicos,el ejemplo micro probó que la coexistencia entre el comercio regular y los microemprendores golondrina les permitió a ambos una interesante facturación. Mensaje para el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y su staff: cuando hay demanda, la actividad crece, se genera y redistribuye riqueza. 
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Moyano, una larga historia: Nadie es un arquetipo, las mejores caricaturas retratan a los protagonistas pero no equivalen a una biografía. Moyano cifra varias características de cierta dirigencia sindical: cuna muy pobre, formación autodidacta, ascenso social y gremial desde la base, un perfil plebeyo que jamás se renuncia. Con el tiempo, caída en mañas o vicios de muchas cúpulas: usar varios sombreros en el capcioso mundo del transporte, donde a menudo se confunden los roles de los empresarios, los sindicalistas y los funcionarios del estado. Deberían ser tres sectores, a menudo se entreveran demasiado. Mezclarse en el mundo de los negocios, hacer pie en el fútbol, otro subsistema capcioso de poder.
También y antes que nada fue el último líder cegetista con ascendiente sobre las bases, liderazgo político-emocional, presencia en la calle. Acérrimo objetor al menemismo, a la Alianza, a la política neocon de entonces, un suicidio anunciado y agravado por el delirio de la Convertibilidad.
Astuto, socarrón, eventualmente rudo o violento, sabe hablar en varios registros.  En abril de 2016 convocó a un acto frente al Monumento al Trabajo, bastante parecido al de ayer por las características de la concurrencia y por la lista de oradores. La locación, cercana a la CGT, constituía una aliviada para el presidente Mauricio Macri, recientemente afincado en la Casa Rosada. Evitaba la Plaza de Mayo, sustituyéndola por un “no lugar” sin tradición ni simbolismo. Moyano se expresó críticamente pero preservó al presidente. 
Ayer era imposible reunirse en la Plaza de Mayo que el Gobierno local está descuajeringando, emprolijando o deshistorizando… ya se verá. 
En un sitio con historia Moyano eligió no gritar, no sacarse, precaver cualquier desorden. Miles de muchachos con pecheras verdes fornidos y encuadrados, laburantes y no barras bravas, “garantizaron la seguridad” en la terra franca dejada por la Policía. 
La cautela indujo seguramente a algo impensable años atrás y cada vez más habitual: adelantar el horario del acto. Estaba previsto que los oradores pronunciarían sus discursos (sabiamente breves) a las tres de la tarde. Veinte minutos antes se cantó el Himno… los argentinos no descollamos por la puntualidad, pero la necesidad induce a cambiar hábitos, sobre todo si las calles están requete pobladas y hay paz interior.
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Lo transitorio y lo necesario. Moyano es más que inteligente: sabe que no logrará impunidad ni detendrá el acoso judicial con el acto de ayer. Pero comprendió también que “abrir el juego” lo recoloca en la lucha sindical, el territorio de sus mejores momentos. 
Se permitió pedir calma a quienes insultaban a Macri, que igual se sacaron el gusto antes y después. Trazó una divisoria clara entre los aliados posibles y “los gorilas” que atacan la dignidad de los trabajadores, una línea sencilla para comprender y compartir.
Sorprendió con la cita de Octavio Paz (que unos cuantos buceamos en Google):”toda victoria es relativa y toda derrota es transitoria”. Linda parábola sobre la política, algo para recordar a diez años del conflicto por las retenciones móviles. El kirchnerismo lo perdió en 2008, lo siguió sufriendo en las elecciones de 2009, se recobró para las elecciones de 2011, tal vez Cambiemos sea un modo victorioso de resurrección de la Mesa de Enlace. 
En aquel entonces, el espacio del kirchnerismo era más amplio y Moyano se jugó mucho en ese enfrentamiento. Las divisiones, cuya lógica y responsabilidades salteamos ahora, perjudicaron a los protagonistas de primer nivel. Y, lo que es más grave y durable, al conjunto de los argentinos más desposeídos y a la clase trabajadora en general.
La moraleja es sencilla de enunciar pero no de concretar. El archipiélago opositor tira puentes internos en la acción directa, avanza dos casilleros como ayer pero no resuelve el dilema de la articulación política. Una sabiduría común aglutina a dirigentes de prosapias diversas. La izquierda combativa participa con contención y espíritu constructivo, pone el cuerpo, suma en la acción.
En esos trances da la impresión de que todos aplican la vieja máxima de “la contradicción principal” que es el gobierno de derecha. Pero la conciencia de ser no alcanza aunque es parte del camino.
Por ahora, así estamos. En ese cuadro, la de ayer fue una victoria transitoria, gozosa, pacifista, hasta ejemplar.

El Gobierno intentó minimizar la multitudinaria marcha y reducirla a Moyano
Con un esfuerzo por negar la realidad
Después de trabajar durante las últimas semanas para restarle apoyos a la manifestación, ministros y funcionarios buscaron ningunear la masiva protesta contra el Gobierno. Dijeron que fue intrascendente, pero, a la vez, cuestionaron su alto impacto económico.
Por Werner Pertot
Macri estuvo en Entre Ríos y habló de generar “soluciones sin aprietes, sin extorsiones”.
El Gobierno hizo de cuenta que nada ha ocurrido. Según dejaron trascender sus voceros, el presidente Mauricio Macri tuvo un día con una agenda normal, no vio la marcha por televisión y ni siquiera pidió conocer el número de asistentes (que las usinas oficiales reducían a unos 90 mil). Eso sí, se preocupó por enviar un mensaje velado a los sindicalistas desde un acto en Entre Ríos: pidió una Argentina “sin aprietes, extorsiones, comportamientos mafiosos y sin buscar privilegios, sino todos sentados alrededor de una mesa viendo qué puedo aportar”. También envió a varios de sus ministros a recorrer los canales de televisión después de la marcha. El libreto que se repitió incluyó recordar las causas judiciales de Hugo Moyano y señalar que la marcha fue política y no tenía un reclamo claro.
Más allá de la decisión de sobreactuar “normalidad” el día de la marcha, que iba de la mano con el ninguneo posterior, en el Gobierno tienen decidido no moverse un ápice de su plan de reformas laborales. Ni 90 mil, ni 400 mil personas parece que vayan a hacerlos cambiar de idea en esto, que forma parte del núcleo duro del proyecto macrista. Según indicaron cerca del Presidente, Macri no vio la marcha por TV, dado que continuó con su agenda normal. Tuvo una reunión de coordinación por la mañana, en la que estuvo, entre otros, el jefe de Gabinete, Marcos Peña. “No creo que hayan hablado de la marcha”, sostenían en Balcarce 50. Tuvo también reuniones con radicales: primero una privada con Ernesto Sanz –solos los dos– y luego otra con la cúpula de la UCR (ver aparte). 
También hizo un breve viaje a Concordia, Entre Ríos, donde compartió un almuerzo con productores arroceros, visitó a emprendedores que fabrican jugos cítricos y se mostró con el gobernador Gustavo Bordet en una recorrida por una planta potabilizadora de agua que está en construcción. 
Allí fue cuando habló de “soluciones sin aprietes, sin extorsiones, sin comportamientos mafiosos, sin buscar privilegios”.
Fue la única alusión, dado que el propósito del Gobierno era ningunear la marcha. En Casa Rosada se mostraron contentos de que no haya habido incidentes violentos tras la concentración. Sostuvieron que ni la composición política ni las palabras de Moyano los sorprendieron. En el macrismo, predomina la idea de que la foto del camionero con sectores kirchneristas y de izquierda no hace más que beneficiar al oficialismo. De hecho, diversos ministros que hablaron ayer trabajaron las últimas semanas para restarle apoyos a Moyano en la movilización de ayer. “Acá hay mucha tranquilidad”, indicaron. 
Desde el oficialismo hicieron circular una serie de datos sobre los “costos” de la medida de Moyano. El cálculo llegaba a la sideral cifra de 4800 millones de pesos perdidos, “incluyendo efectos directos e indirectos” en recaudación por un día de cese de actividades de algunos de los gremios que se movilizaron. No parecieron percatarse de la contradicción de sostener, a la vez, que la movilización fue intrascendente y que tuvo un costo económico de un 1 por ciento de lo que produce el país en un día.
El desfile de referentes del oficialismo por los canales y radios tampoco reparó en esto, sino que insistió en concentrarse en la figura del camionero y sus causas judiciales. “Moyano tiene que resolver sus problemas con la Justicia y no hacer frente al Gobierno”, opinó el presidente del interbloque de Cambiemos en Diputados, Mario Negri. “Debería haber desdramatizado, presentarse en Tribunales aunque no esté imputado como dice él, y mostrar voluntad de decir: ‘Estoy dispuesto a que investiguen lo que corresponde’, pero eso no ha ocurrido y genera un nivel de tensión que no ayuda a la coyuntura”, aseguró el dirigente radical.
Del gabinete salieron a hablar el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, el de Trabajo, Jorge Triaca, y el del Interior, Rogelio Frigerio, que acompañó a Macri en reuniones la mayor parte del día. Este último consideró que “si Moyano moviliza mucha gente, no pasa nada. La sociedad no quiere marchas, no quiere paros. Quiere seguir trabajando, progresar, ver cómo mejora su situación y necesita que a este gobierno le vaya bien para que le vaya bien a la Argentina”. El ministro insistió que la movilización “tuvo como principal impulsor un tema personal de un dirigente sindical, que cree que no debe ser tratado igual en la Justicia”. “Nosotros no perseguimos a Moyano. El Gobierno no persigue a nadie y éste es el cambio cultural del país que nos diferencia del gobierno anterior”, sostuvo.
“No hay ningún dirigente que tenga coronita”, dijo Triaca, que recobró protagonismo luego del escándalo de la ex casera familiar. “No hemos escuchado propuestas para resolver los problemas de los argentinos”, sostuvo el funcionario PRO. “Queremos dejar atrás esa Argentina violenta, en la que imponga condiciones un grupo minoritario”, insistió.
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Cada vez que se llenaron las calles Macri se fue algun lado, igual ya le deben haber contado.