20 de febrero de 2017

Se viene la convención radical y ya se habla de extinción de la UCR

La localidad cordobesa de Villa Giardino será nuevo escenario para el enfrentamiento del sector que defiende a capa y espada al Gobierno y del que mantiene una posición crítica sin abandonar Cambiemos.

Entre viernes y sábado próximos, el radicalismo hará una nueva cumbre en la localidad cordobesa de Villa Giardino, adonde podrán apreciarse –nuevamente– los dos bandos cohabitan y pugnan en el centenario partido.
Por un lado, quienes defienden a rajatabla la alianza con el macrismo, aduciendo que así y sólo así pueden conservar los pocos puestos que ostentan, y por el otro los rebeldes, quienes sin abandonar Cambiemos tienen una posición crítica respecto a cómo se diluye el radicalismo en esa alianza.
De este lado están Jesús Rodríguez y el vacilante Ernesto Sanz, quienes están elaborando un documento para presentar en la cumbre y plantear "la necesidad de recuperar nuestra identidad y el contenido de sensibilidad social que siempre caracterizó a nuestro partido", según Miguel Ponce, vocero de los ‘disidentes’ y convencional de la UCR.
“Hay un creciente inconformismo entre los afiliados radicales, hay enojo, y nosotros somos los catalizadores de esta situación", remarcó Ponce, argumentando que, entre otros, aceptó la decisión tomada en Gualeguaychú, de aliarse con el macrismo, porque “no conocíamos el plan económico del PRO”, al que le “falta sensibilidad social, porque éste no es nuestro plan".
Pero quizá la voz más discordante ante la eventual extinción radical en el macrismo es la de Ricardo Alfonsín, quien fijó posición sobre sí mismo y sobre varios de sus correligionarios.
"Si mi partido considera que estar en Cambiemos es decir a todo que sí, yo prefiero no ser candidato. Es más: prefiero no serlo", dijo por radio Futurock, en alusión a muchos dirigentes radicales que apoyan cuando desaguisado ha impulsado el Gobierno y mancha su imagen, como el ‘Correogate’.
Por eso indicó que "lo mejor que le podría pasar a Cambiemos es radicalizarlo, hoy es asimétrico. Nos falta autoestima a los radicales, nos harían bien unas PASO; sería bueno que los que siguen confiando en Cambiemos puedan elegir en una interna qué sector hay que fortalecer", agregó.
Por parte de los que no ven nada que cuestionar al presidente Mauricio Macri, está el titular de la UCR, José Corral, quien sostuvo que "estamos muy conformes con integrar Cambiemos, porque somos una alternativa al kirchnerismo".
Diario Registrado

Procedimiento en el Ministerio de Comunicaciones en busca de datos sobre el acuerdo por el Correo

El juez Ariel Lijo ordenó medidas de prueba en la cartera que encabeza el ministro Aguad, a raíz de varias denuncias acumuladas contra el Presidente y los responsables del acuerdo abusivo, entre Correo Argentino (de la familia Macri) y el Estado, o sea, Macri hijo.

El juez Ariel Lijo ordenó las primeras medidas de prueba en torno a la investigación sobre el acuerdo calificado por la fiscal ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, como "abusivo" en relación al acuerdo sellado en junio pasado, entre el Estado y el Correo Argentino, una empresa del Grupo Macri.
Tras la imputación al Presidente Mauiricio Macri, al Ministro Oscar Aguar y al abogado que representó al Estado en la firma de dicho acuerdo, Carlos Mocoroa, por parte del fiscal Juan Pedro Zoni, un grupo de gendarmes se hizo presente en el edificio del Ministerio de Comunicaciones con la orden de buscar la documentación de las negociaciones entre los representantes de Aguad y el Grupo Macri, y hacerse del expediente de quiebra de Correo Argentino.
Lijo investiga si el Presidente cometió delito al ordenar la rúbrica de dicho acuerdo -un expediente que se tramita en el fuero Comercial- para el pago de una deuda que la compañía propiedad de Socma tiene con el Estado.
Luego de esta 'orden de presentación' el ministerio tiene la obligación de entregar la información solicitada por el magistrado: puntualmen, los antecedentes y proyectos que haya en esa repartición sobre el concurso de Correo Argentino S.A., los antecedentes por los que fue designado Mocoroa y las funciones otorgadas por ley para la cartera que dirige Aguad.
Además, Lijo dirigió oficios a la Cámara en lo Comercial requiriendo el historial de todas la ofertas y contra ofertas hechas para el pago de la deuda. 
Dyario Registrado

Denuncian a Macri por posible fraude al Estado en entrega de rutas aéreas

La Justicia analiza una denuncia presentada este lunes contra el Presidente y varios funcionarios, entre ellos dos ministros, por la transferencia de una línea aérea y la entrega de rutas.


Mauricio Macri, su jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, entre otros funcionarios, fueron denunciados este lunes por supuesto fraude al Estado.
En la mira está la transferencia de la aerolínea Macair, de la familia Macri, a la colombiana Avianca, también del Grupo Macri, según la presentación realizada por Fernando Míguez, de Fundación por la Paz y Cambio Climático.
La denuncia advierte sobre un posible conflicto de intereses por la promesa de acceso a frecuencias de vuelo en perjuicio de Aerolíneas Argentinas. En efecto, la denuncia transcribe el documento mediante el cual la ANAC autoriza a Avianca al uso nacional e internacional de las rutas aéreas.
"Estas –de acuerdo a la presentación- se superponen en todos los casos a las que navega en la actualidad Aerolíneas Argentinas", siendo “la principal afectada por el arribo de Avianca, que ya adelantó 6 aviones y en 2018 tendría 18”.
El gigante "colombiano" –en manos de la familia Macri– “busca hacerse de los vuelos de cabotaje donde la línea de bandera es líder", dice la denuncia que quedó radicada en el Juzgado Federal 9 de Luis Rodríguez.
Diario Registrado
Humor-----¿humor?


 Humor
LA CAUSA CONTRA MACRI Y AGUAD POR EL ESCANDALOSO ACUERDO DEL GOBIERNO CON EL CORREO ARGENTINO
Una “foja cero” que no detiene la investigación
El fiscal Zoni considera que se cometieron los posibles delitos de defraudación contra la administración pública, negociaciones incompatibles y tráfico de influencias. Por lo menos, en el grado de tentativa.
El presidente Mauricio Macri quedó bajo la lupa de la Justicia por el acuerdo con el Correo Argentino.
Aunque consiga volver “a foja cero” en el acuerdo por la deuda del Correo Argentino con el Estado –algo que igual está por verse– Mauricio Macri no podrá hacer borrón y cuenta nueva en Comodoro Py, donde avanzará la causa en la que quedó imputado junto con el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y su director de Asuntos Jurídicos, Juan Mocoroa, quien actuó en la negociación. La investigación penal parte de la base de que, más allá de la suerte que corra, el convenio se hizo y una fiscal mostró que es ruinoso y abusivo para el Estado al generar una condonación de la deuda del 98,82 por ciento en favor del Grupo Macri. Lo que debe desentrañar es si hubo un fraude (o cuanto menos una “tentativa”) a las arcas públicas; si existió algún perjuicio previo relacionado con la deuda histórica que data de 2001; quiénes son los dueños del Correo y de las empresas que lo controlan (Sideco/Socma) y cómo es la participación de cada miembro de la familia Macri, y si hubo alguien ligado al Poder Ejecutivo que haya sido instruido para ejercer tráfico de influencias y conseguir un pacto favorable a la empresa. El fiscal Juan Pedro Zoni pidió el secreto de sumario y el juez Ariel Lijo ordenaría las primeras medidas esta semana. A este expediente se sumarían otros dos. Uno de ellos es el impulsado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que hace denuncias cuando sospecha fuertemente que se cometieron delitos.  
La clave de la investigación penal está en el primer dictamen de la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, sin el cual el acuerdo iba camino a concretarse. Hasta ahora fue homologado en primera instancia pero la Cámara debe aprobarlo, aunque hay que ver qué hace el gobierno para volverlo a “foja cero”. “La transacción aceptada –a más de perjudicar los intereses del Estado Nacional, lo que la hace inadmisible– podría implicar un beneficio directo para la concursada, en el cual integrantes de la familia del Presidente de la Nación tendrían intereses económicos directos o indirectos”, denunciaba el planteo de Boquín. “Deberá determinarse por parte de los organismos con competencia específica, si estamos frente a una simple irregularidad funcional, por actuación con culpa o negligencia o bien ante el cumplimiento de una instrucción, emanada de autoridad de jerarquía superior, orientada a satisfacer intereses privados por sobre los públicos que deben en todo caso prevalecer”, advertía. 
En 2001 la empresa Correo Argentino entró en concurso de acreedores. En 2003, cuando fue estatizada, tenía una deuda con el Estado de 296.205.376 millones de pesos. Al 2017 supera los 4.000 millones, según calculó la Dirección General de asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación. En los términos del acuerdo la firma terminaría de pagarla en 2033 y sólo habría saldado el 1,18 por ciento. A ese resultado se llegó en una audiencia en junio del año pasado, donde el representante del Gobierno, Mocoroa, rechazó una primera propuesta y tras un cuarto intermedio admitió una segunda oferta que no mejoraba demasiado, y que según  Boquín era peor a algunas de años previos. Mocoroa dijo que seguía “instrucciones”. Pero la fiscal denunció que ocupaba ese cargo de manera transitoria (por 180 días) y que “incompetente” para intervenir en nombre del Estado. 
“Pudiendo resultar que, familiares del Presidente de la Nación resultarían beneficiarios finales de la sociedad concursada y/o de sus controlantes o integrantes del grupo económico, ningún funcionario público que tuviese relación de dependencia jerárquica con él podría aceptar una propuesta que directa o indirectamente los beneficie”, señalaba Boquín. Sin embargo –alertaba– la propuesta fue admitida por “un funcionario que público que encuentra enmarcada su actuación por una ceden de dependencias jerárquicas que lo vinculan a la máxima autoridad de la administración pública”.  
La firma Correo Argentino está controlada por Sideco Americana, a su vez controlada por Socma Americana. Hacia 2014, tenían el 74,23 por ciento de las acciones del Correo. Cuando entró en concurso, Franco Macri le dijo al juez que había cedido todas las acciones a sus hijos, pero resultó que se había quedado con el usufructo vitalicio, o sea que igual estaban bajo su control. Mauricio Macri, en teoría, cedió las suyas a sus tres hijos, nietos de Franco, en 2009. 
Una de las denuncias penales fue presentada por los dirigentes de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti y Martín Sabbatella, que dieron algunos ejemplos para tratar de demostrar que en este caso el Estado actuó con “dolo” o se con intencionalidad. Como deudor, señalaron, aceptó pagarle a los fondos buitre un interés en dólares del 350 por ciento en un solo paga al contado y como acreedor aceptaba cobrar una deuda en pesos con un 100 por ciento de interés a 17 años, cuando además tenía la opción legal de rechazarlo. Y agregan como otro hecho en la misma dirección la demanda que el Correo le inicia al Estado por la estatización durante el gobierno de Néstor Kirchner, 25 días antes del acuerdo por 1795 millones de pesos más un 11 por ciento anual de intereses. Un segundo dictamen de Boquín advertía que esa demanda fue ampliada incluso después de firmado el acuerdo, lo que consideró como un acto de “mala fe”. 
“Sabemos que la empresa no es cualquier empresa sino la empresa del Presidente de la Nación”, insistieron Cerruti y Sabbatella en su denuncian. Piden investigar si, como publicó el sitio Nuestras  Voces, el Presidente se habría quedado con el usufructo de las acciones, igual que su padre. 
Cuando decidió abrir la investigación e imputar a Macri, Aguad y Mocoroa (aclarando que la lista se puede ampliar) el fiscal Zoni anunció que investigará todo el proceso concursal del Correo que lleva más de 15 años y “en el cual se observa un perjuicio patrimonial multimillonario a las arcas del estado y en el patrimonio de los acreedores minoritarios”. La fiscal Boquín también advirtió que un grupo significativo de acreedores estaría controlado también por el grupo Macri, lo que explicaría que no hayan cuestionado el acuerdo y que hubo un proceso de “manipulación de las mayorías”. Zoni señaló que va a investigar a todos los funcionarios que actuaron “a lo largo de la totalidad de la tramitación del proceso judicial aludido en el cual se observa que el interés público no ha sido protegido”.  “Corresponde investigar el cambio de estrategia de defensa del estado nacional en el marco del trámite del concurso preventivo, mediante el cual se prestó conformidad a una propuesta abusiva que implicaría un perjuicio fiscal”, a lo que agrega la irregular intervención de Mocoroa. El expediente tendrá que determinar quién le dio instrucciones, qué cálculos hizo el Estado para considerar que el acuerdo era viable y cómo se llegó a él. 
Zoni le pidió a Lijo que imponga el secreto de sumario porque es cantado que hará allanamientos para obtener documentos tanto de toda la historia del concurso como los que ayuden a determinar la composición de la empresa Correo Argentino. El juez ordenaría las primeras medidas esta semana, según señalaron a PáginaI12 allegados a la causa. A su expediente sumarán otras denuncias, entre ellas las de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez –que quedó en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi–, quien también fue admitido como “parte acusadora” en el sumario interno que lleva adelante la Procuración del Tesoro (los abogados del Estado), que encabeza Carlos Balbín, para establecer el papel del ministerio Comunicaciones y otros posibles funcionarios. En paralelo, Rodríguez puede aportar los resultados de su investigación a la causa penal. El hecho de que su organismo haya hecho una denuncia en tribunales en base al dictamen de Boquín es significativo, ya que implica que considera que habría pruebas comprometedoras. 
La pregunta que plantea la PIA, además de las que atañen al acuerdo reciente, es por qué durante tantos años el Correo no pudo cobrar su deuda y dice que hay que investigar qué pasó durante todos estos años, lo que podría implicar también rastrear responsabilidades en las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner, cuando este asunto estaba bajo la órbita del Ministerio de Planificación. Aun suponiendo que un perjuicio económico no se haya llegado a producir, lo que no descartan los investigadores es que hayan existido delitos en forma de “tentativa”.  
Por lo pronto los delitos en la mira son defraudación contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.
Pagina 12
LOS LAPIDARIOS INFORMES DE LA AUDITORÍA SOBRE EL CORREO ARGENTINO
Mejor que la AGN no intervenga
Macri y Peña vienen pidiendo que la AGN intervenga en el caso del Correo, pese a que no corresponde. Sin embargo, el organismo intervino en 2001 y 2002 marcando todos los incumplimientos de la concesión encabezada por el Grupo Macri.
Existen dos informes de la AGN sobre el Correo Argentino firmado por peronistas y radicales.
El gobierno de Mauricio Macri viene insistiendo en que la Auditoría General de la Nación (AGN) debe intervenir en el escándalo por el acuerdo que firmó con el Grupo Macri por la deuda del Correo Argentino. No obstante, lo que los funcionarios PRO parecen haber pasado por alto es que la AGN ya intervino en la concesión que el holding familiar tuvo con el Estado. Existen dos informes de la AGN, de 2001 y 2002, firmados por peronistas y radicales, en los que encontraron que la empresa de los Macri no cumplió con el contrato, dejó de pagar el canon y computó los despidos de trabajadores como inversiones. En el segundo informe, firmado por el entonces presidente de la AGN, Leandro Despouy, indicaba que se podía dar por concluido el contrato y exigir judicialmente el pago de la deuda de los Macri con el Estado.
Cuando el jefe de Gabinete, Marcos Peña, sugirió por primera vez que debería intervenir la AGN, el titular de este organismo de control, Oscar Lamberto, salió a aclarar que no respondía al Ejecutivo (la AGN depende del Legislativo) y que, en principio, no veía un objeto a auditar, dado que la AGN no puede intervenir en causas que están en manos del Poder Judicial. 
El presidente Macri reiteró el pedido de que intervenga la AGN –algo que también pidió el Grupo Macri en un escrito–, pero pasaron por alto que la AGN ya intervino con dos informes lapidarios.
En el primer informe es de 2001, de la época en que la AGN la presidía el menemista  Rodolfo Barra, y deja en claro que la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) no había cumplido con su obligación de controlar a la empresa de los Macri. En particular, debían auditar que el holding hiciera las inversiones comprometidas de 25 millones de pesos-dólares por año. 
Concretamente, la Auditoría encontró que el gobierno de Menem le reconoció como “inversión” las indemnizaciones por los despidos de unos 5000 trabajadores del Correo. En el expediente, la empresa de los Macri justificó esa polémica decisión con el argumento del “ahorro futuro de los costos asociados a dicho personal”. La secretaría de Comunicaciones, que por entonces dirigía Germán Kammerath, simplemente contestó a la Auditoría que “la Secretaría de Comunicaciones es quien debe definir los conceptos que deben considerarse como inversión”. Y punto.
Entonces, la Auditoría le pidió opinión a la Dirección Nacional de Inversión Pública, que desautorizó los argumentos de los dos anteriores: “Las indemnizaciones no pueden ser consideradas inversiones. Desde el punto de vista económico, las indemnizaciones al personal por retiros voluntarios son un gasto corriente y de ninguna forma pueden ser aceptados como gasto de capital”. “Los montos abonados por el Concesionario en concepto de indemnizaciones comprendidas dentro del plan de Retiros Voluntarios del Personal no deben ser considerados como inversiones”, sentenció la Auditoría, quien además detalló que el contrato de concesión establecía que los despidos del personal dentro del convenio corrían por parte del concesionario. El Grupo Macri nunca presentó un plan de inversiones anual, según pudo observar la Auditoría.
También advirtieron que el Grupo Macri ya había dejado de pagar el canon en 1998, lo que llevaría a la deuda que se discute hoy. En 1998, el gobierno de Carlos Menem dispuso “un procedimiento de excepción” para pagar las deudas que tenía el Estado con el Grupo Macri. Aún así, la empresa de la que el presidente era accionista no aceptó pagar el canon y descontó lo que el Estado le debía. La falta de pago figuraba entre las causas de rescisión del contrato, así como ingresar en concurso de acreedores, algo que la empresa hizo en 2001. Pero para iniciar la rescisión el gobierno de Menem debía intimarlos a pagar, cosa que no hizo. La Auditoría lo advirtió en  2001. 
También encontró que, con respecto a las cargas patronales, todo el control pasó por preguntarle a la empresa si tenía deudas previsionales (a lo que contestó que no). Más tarde, el Gobierno de Menem le perdonó al Grupo Macri el pago de cargas patronales especiales y las recargó sobre la ANSES.
El informe de 2002 se hizo ya bajo la presidencia de Leandro Despouy, actual representante para Derechos Humanos de la Cancillería. Allí advirtió nuevamente sobre la deuda del Grupo Macri con el Estado. “Las compensaciones presupuestarias para saldar las deudas que el Estado mantenía con Correo Argentino S.A. no se condicen con la decisión unilateral que adoptó el concesionario de compensar y a través de la cual procedió a modificar unilateralmente el contrato”, advertía la Auditoría. Señaló, además, que el gobierno de la Alianza, pese a haber presentado una serie de intimaciones, no había sancionando al Grupo Macri como correspondía. Tampoco ejecutó la garantía ante incumplimientos contractuales, que ascendía a 50 millones de pesos. (Cuando el Gobierno de Néstor Kirchner intentó cobrar esa garantía, debió iniciar un extenso proceso judicial: al Banco Galicia consiguió cobrarle 12 millones tras mucho batallar en tribunales. Hasta hoy hay abierto en el fueron contencioso administrativo otro juicio por 45 millones de esa garantía, que la aseguradora se negó a pagar).
Al final del informe, la Auditoría que presidía Despouy recomendó optar entre dar por concluido el contrato con el Grupo Macri o requerirles una nueva garantía, pero se mostró enfáticamente a favor reclamar la deuda que tenían con el Estado. Poco antes del final de la convertibilidad  –según recordó el periódico Tiempo Argentino– Correo Argentino S.A. fugó del país cerca de cinco millones de dólares. La comisión de Fuga de Divisas del Congreso encontró que el Grupo Macri fugó un total de 58 millones de dólares, mientras se negaban a pagar sus deudas con el Estado. Algo que los caracterizó en toda la concesión.
Pagina 12
CAYÓ 2,6 POR CIENTO LA VENTA DE COMBUSTIBLES EN EL MERCADO LOCAL EL AÑO PASADO
La recesión se hace sentir en el tanque
El impacto de la crisis económica, combinado con la fuerte suba que viene registrando el precio del gasoil y las naftas, impactó de lleno en el mercado. Los estacioneros temen que la tendencia se profundice este año por los nuevos ajustes que ya comenzaron a aplicarse en enero.
Las ventas de naftas permanecieron estancadas y las de gasoil se derrumbaron 6,5 por ciento en 2016.
El consumo de combustible en el mercado local cayó el año pasado 2,6 por ciento con respecto a 2015, según datos del Ministerio de Energía. El impacto de la crisis económica, combinado con la fuerte suba que viene registrando el precio del gasoil y las naftas impactó de lleno en el mercado. Las ventas totalizaron 15,4 millones de m3, registrando un retroceso interanual de 406.810 m3, que se focalizó centralmente en el segmento del gasoil. En el caso de la estatal YPF, que concentra más del 50 por ciento del mercado, el retroceso fue del 6,5 por ciento, significativamente por encima del promedio, retrotrayéndose a los volúmenes vigentes en 2012, año de la expropiación de la compañía por parte del Estado argentino.
“El fuerte aumento en el precio de los combustibles y el saldo negativo en cuanto al desempeño de la economía en 2016 impactó de lleno en los niveles de comercialización que tenemos los estacioneros de todo el país”, sostuvo la dirigente de la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (Fecra), Rosario Sica. 
“Estos datos no hacen más que alertarnos sobre lo que puede pasar de continuar un desempeño tan magro en materia económica para este año, sumado a una política de precios del combustible que muchas veces se hace impagable por parte del público consumidor”, puntualizó.
En la discriminación por segmento, los combustibles diesel (gasoil grado 2 y grado 3), consumidos principalmente en el agro, transporte e industria, experimentaron en 2016 un retroceso del 6,5 por ciento con respecto a 2015.
Para el gasoil grado 2 o “común”, que suele ser utilizado por los transportistas camioneros, la caída fue de casi 10 por ciento, ya que en 2016 el consumo fue de 5,3 millones de m3, versus 5,9 millones en 2015. A su vez, en el segmento de las naftas súper y premium, demandadas fundamentalmente por autos particulares, las ventas permanecieron estancadas, lo que marca un fuerte contraste con 2014 y 2015, períodos en los que las ventas habían crecido por encima del 4 por ciento. “Imposibilitados de pagar los numerosos incrementos en los servicios públicos y con el aumento del costo de vida, numerosas familias en todo el país han dejado de utilizar el auto como medio de transporte habitual para recortar gastos y así nivelar sus finanzas domésticas”, puntualizó Sica. Los datos corresponden a 2016 y los especialistas coinciden en que la retracción pueda llegar a profundizarse todavía más por los nuevos ajustes en los precios. Los combustibles aumentaron en enero y podrían volver a hacerlo en abril.
Pagina 12

"Se perdió la confianza en este Gobierno", advierten desde la CGT

El triunviro Carlos Acuña afirmó además que el Ejecutivo tiene "tiene un rumbo equivocado y lo más jodido es que ellos creen que van bien". La central de los trabajadores mantiene la amenaza de paro al tiempo que busca aglutinar a la oposición.

El gobierno de Mauricio Macri, que en 2016 logró contener a la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT), vuelve a perder el visto bueno de los popes sindicales, que asientan la amenaza del mentado paro que todavía no fue.
Del triunvirato que conduce la CGT, el que salió a marcar el tono este fin de semana fue Carlos Acuña. El secretario General de los Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, dijo que "se perdió" la confianza en el Gobierno y señaló que hay un "rumbo equivocado" del que no tienen conciencia. 
"[el Gobierno] tiene un rumbo equivocado y lo más jodido de todo eso es que ellos creen que van bien", señaló el dirigente en diálogo radial con Toma y Daca, que conduce el periodista Mariano Martín.
Además de afirmar que el paro "sigue en pie", el dirigente afirmó que "se perdió totalmente la confianza en este gobierno. No puede ser que no sepan que a la gente no le alcanza la plata, que estas políticas van en contra de los intereses de los trabajadores", agregó Acuña.
Entre tanto, la CGT inicia este lunes una serie de encuentros multisectoriales con el objetivo de encaramar a la central como la voz opositora en un momento clave, ya que se trata de un año electoral en el que el peronismo debe confeccionar las listas. Aunque no sólo se piensa en aglutinar los distintos sectores de ese partido. 
La agenda se pondrá en marcha esta tarde con la conducción nacional del Partido Justicialista y continuará en los días siguientes con intendentes, el Frente Renovador, el Comité Nacional de la UCR, la Iglesia Católica y grupos sociales, informó este lunes Martín en Ámbito Financiero. El raid de encuentros se hará como paso previo a la marcha del 7 de marzo al Ministerio de la Producción para protestar contra los despidos y la apertura de importaciones, que en la jefatura de la central obrera aclararon que "no tiene marcha atrás". 
Diario Registrado

El vice del BCRA pidió ayuda para hacer una transferencia y en Twitter no lo perdonaron

El economista Lucas Llach, que es vicepresidente del Banco Central, preguntó por la red social si se puede o no realizar una trasferencia bancaria desde el Nación. Por supuesto, los usuarios no se la dejaron pasar y se despacharon con todo tipo de burlas.

No quedó claro si para luego informar, o simplemente porque desconoce cómo se hace, el vicepresidente del Banco Central (BCRA), Lucas Llach, sorprendió con una consulta en Twitter, que despertó todo tipo de respuestas por parte de sus seguidores.
“¿Se puede hacer transferencia inmediata desde BNA sin ir al cajero ni con el celular, con tarjeta coordenadas?”, preguntó el funcionario, para luego recibir ayuda y consejos, pero también muchas burlas.

La respuestas a la consulta del vice del BCRA