Plan C

El intento de remoción que sólo terminó en una sanción

Ante la resistencia de jueces y abogados a evaluar a los magistrados por sus fallos, los representantes del macrismo en el Consejo de la Magistratura dieron marcha atrás con la intención de iniciarle juicio político a Rafecas.

El oficialismo recalculó su estrategia y le bajó el tono a su embestida contra el juez federal Daniel Rafecas. En una nueva reunión de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura, Cambiemos logró imponer un dictamen que reemplaza un pedido de juicio político, con el que habían insistido hasta fines del año pasado, por una sanción económica. Presentado por el diputado oficialista Pablo Tonelli y el representante del Poder Ejecutivo en el cuerpo, Juan Bautista Mahiques, el dictamen desestimó evaluar la decisión de Rafecas de archivar la denuncia del fiscal fallecido Alberto Nisman sobre el Memorándum con Irán, y se limitó a incluir los hechos que denunció el diputado oficialista Waldo Wolff, quien acusó al juez de amenazarlo. Con esa formulación, el dictamen recogió la mayoría de los votos: seis de nueve. Rafecas adelantó que, de ser sancionado, apelará la decisión ante la Corte Suprema. 

La jornada amaneció con un cambio en el panorama que se le auguraba a Rafecas, a quien hasta fines del año pasado se lo veía ante la misma suerte que el ex camarista Eduardo Freiler, quien fue destituido. En plena reunión de comisión, Tonelli, que preside el cuerpo, fue el encargado de confirmar las versiones que auguraban la bajada de tono en la postura oficial: “Fue una decisión desacertada y con consecuencias disvaliosas pero, sin perjuicio del evidente desacierto, estuvo y se mantuvo dentro del marco de posibilidades que la ley le brindaba”, planteó en relación al accionar con el que el titular del Juzgado Federal 3 abordó la denuncia de Nisman, la que archivó por considerar evidente la inexistencia de delito.

Tal accionar, denunciado por la diputada de Cambiemos Elisa Carrió, y retomado dentro del Consejo de la Magistratura por el senador Ángel Rozas, fue el argumento principal con que el oficialismo sostuvo hasta ayer el inminente juicio político al magistrado. Incluso después de la audiencia en la que, en diciembre pasado, Rafecas tuvo que responder preguntas de los consejeros de la Comisión de Disciplina del Consejo, cual si estuviera transitando una indagatoria, y de la que salió airoso, Rozas consideró probado que el juez había incurrido en una “negligencia grave y manifiesta arbitrariedad” al desestimar de la denuncia de Nisman. Ayer, el radical insistió en impulsar un dictamen que lo sometiera a un jury de enjuiciamiento. 

El único que apoyó su planteo fue el diputado oficialista Mario Negri. Para explicar por qué la otra parte del oficialismo dentro del organismo que evalúa el desempeño de los jueces abandonaba el barco de la destitución, Tonelli apuntó que el accionar de Rafecas “no llegó a conformar una excepción a la regla que nos impide juzgar y resolver acerca de las decisiones jurisdiccionales de los jueces”, principal argumento que, según él, motivó el dictamen “alternativo” que presentó junto al consejero del Poder Ejecutivo. 

La estrategia para remover al titular del Juzgado Federal 3 a caballo de la denuncia de Nisman en contra de la ex presidenta Cristina Fernández, el ex canciller Héctor Timerman, varios otros ex funcionarios y referentes políticos, a quienes el fiscal fallecido acusaba de encubrir a los responsables del atentado a la AMIA mediante la promoción del Memorándum con Irán, caminó desde el vamos por una delgada línea: la jurisprudencia del Consejo y de la Corte impide echar a un juez por el contenido de sus decisiones. De haber prosperado el juicio político, Rafecas se hubiera convertido en el primer juez en ser destituido porque el contenido de una decisión jurídica, es decir, en el marco de su desempeño como juez, fuera desaprobada. Esa situación incomodaba a los consejeros que representan a los jueces –Luis María Cabral y Leónidas Moldes– y los abogados –Adriana Donato–. “Nunca estuvieron convencidos de avanzar sobre decisiones jurisdiccionales de un juez”, advirtieron fuentes del Consejo de la Magistratura. 

El dictamen oficialista que llegará al plenario del Consejo sólo toma en cuenta la denuncia con que el diputado Wolff, ex vicepresidente de la DAIA, le cuestionó a Rafecas que lo citó junto a otros dos directivos de la entidad para informarles la decisión de cerrar el expediente de Nisman, y unas supuestas amenazas telefónicas. Para Tonelli y Mahiques, esos hechos “quedaron debidamente probados, el juez incurrió en una conducta mala”. Los tradujeron en “trato incorrecto a las partes del proceso”, “comisión de actos ofensivos al decoro de la función judicial, el respeto a las instituciones democráticas y los derechos humanos o que comprometen la dignidad en el cargo” y falta o negligencia en el cumplimiento de sus deberes, así como” las obligaciones establecidas en el Reglamento para la Justicia Nacional”, y aconsejaron al plenario la aplicación de una multa equivalente al 50 por ciento de sus haberes. 

El dictamen “alternativo” de Tonelli y Mahiques se convirtió en el mayoritario. Cosechó los votos de Donato, quien se rehusaba a opinar sobre el contenido del fallo de Rafecas pero estimó que su conducta hacia Wolff “no guardó el decoro que se le pide a un juez”, y de Cabral, que a la hora de dar su opinión se fue al baño. Y también los de Negri y el propio Rozas. “A pesar de que no estoy ciento por ciento de acuerdo, esta propuesta toma parte de mi proyecto”, dijo Rozas. 

Moldes, por su parte,  presentó un dictamen que, pidió, sea elevado al plenario en representación de la minoría, donde que rechaza todas las acusaciones en contra de Rafecas. Las relativas al archivo de la denuncia de Nisman porque “se trata de actos jurisdiccionales que están fuera del control de este cuerpo”. En cuanto a lo denunciado por Wolff, tampoco observó un “desvío de conducta suficiente como para que este cuerpo sancione”. Su postura fue seguida por el senador Juan Pais. Las decisiones de los jueces “pueden gustar o no a las partes, a la sociedad toda, pero eso no implica que constituyan un delito”, postuló. Desde fuera de la comisión, pero en calidad de consejera, la jueza Gabriela Vázquez consideró que “una sanción sería una suerte de censura a los dichos y actuaciones” de los magistrados. Jorge Candis, consejero en representación de la academia, no votó ni opinó.   

En el Consejo ayer aseguraban que en el plenario estarían los votos necesarios para aprobar esa sanción. De cumplirse ese destino, Rafecas confirmó que apelará la decisión ante la Corte Suprema de Justicia. Mientras, se prepara para concursar para el cargo de defensor general adjunto, que se abrirá en el transcurso del año. 

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