Los tarifazos son de no creer y los colgados aumentan al mismo ritmo
El Gobierno recorta el ingreso de los jubilados y ordena aumentos de salarios por debajo de la inflación, avanzando con una fortísima alza de las tarifas. Es un combo demoledor. El impacto en la clase media.
Por Alfredo Zaiat
Los colgados a la red del servicio eléctrico en el conurbano están creciendo al ritmo de tarifas impagables, con la pasividad de los intendentes conocedores del clima social de su territorio y con la aceptación resignada de las empresas prestadoras ante la advertencia de la suerte inflamada que puede correr la cuadrilla con su camioneta si intenta ordenar las conexiones. En muchos pueblos hubo marchas de protesta por los aumentos en las tarifas, quejas que ponen en cuestionamiento el postulado acerca de que los usuarios del área metropolitana estaban subsidiados a costa de los del interior. En realidad, la Nación aplicaba subsidios a tarifas iguales que provincias y localidades no hacían por decisión política, ya sea por cuestiones presupuestarias o por connivencia con el operador privado. El ruidazo del miércoles, la marcha de velas del día siguiente, con el desconcierto de los aliados menores de la administración macrista, son expresiones del hastío social por el inmenso castigo a hogares, comercios y pequeñas y medianas industrias de un esquema tarifario desproporcionado, injusto y regresivo.
La promesa oficial de la eliminación de subsidios con el alza de tarifas para incentivar la inversión privada en el área energética no se cumplió. Hubo tantos o más cortes de luz que antes del ajuste, disminuyó la producción de petróleo y gas y aumentaron las importaciones de hidrocarburos. El aspecto notable es que con subsidios había inversiones en el sector energético y ahora, con tarifazos que están borrando los subsidios, no aparecen inversiones de envergadura.
El tarifazo en luz y gas, al que todavía le faltan otros ajustes, de acuerdo al cronograma oficial, sólo desató la codicia de corporaciones energéticas con el aval de uno de los suyos al frente del Ministerio de Energía y, fundamentalmente, del presidente Mauricio Macri. Quienes han participado de la negociación detallan que en el gobierno había tres propuestas para definir la evolución de las tarifas, una suave, la intermedia y otra más agresiva, y remarcan que fue Macri quien decidió la última opción. Esto explica el respaldo presidencial al cuestionado ministro Juan José Aranguren. El responsable principal no es Aranguren; es Macri.
Colchón
Los primeros aumentos de las tarifas fueron aplicados en el contexto de la luna de miel política con el nuevo gobierno y, en especial, con el colchón económico, laboral y social heredado del kirchnerismo. Esas reservas permitieron amortiguar el ajuste lanzado sobre la población en el primer año de gestión de la segunda Alianza. El año pasado, como parte de la campaña para las elecciones de medio término, disminuyó la velocidad en la modificación de los precios relativos en contra de trabajadores, jubilados y pymes. Superada la instancia electoral, el plan volvió al cauce natural del ajuste macrista, con el asalto sobre los ingresos de los jubilados, fijando un techo del 15 por ciento a las negociaciones salariales y retomando el sendero de facilitar aumentos extraordinarios en las ganancias de las empresas energéticas con los tarifazos.
En el comienzo de este proceso hubo manifestaciones de resistencia social y hasta la Corte Suprema dispuso que se respetaran las normas que obligaban a audiencias públicas previas para la fijación de las tarifas de gas. Si bien en el fallo estableció que las tarifas debían seguir criterios de razonabilidad y proporcionalidad en los aumentos, el esquema pactado entre las empresas y el Ministerio de Energía no los respetó y sólo cumplen la formalidad de las audiencias.
En la primera ola de aumento de la luz, el gas y el agua, la campaña de que “eran muy baratas”, sin aclarar que era una vía para mejorar el ingreso y capacidad de consumo de la población, fue efectiva para confundir a la mayoría de la población. Como se mencionó, había un colchón socioeconómico que permitía acomodar el presupuesto familiar a la nueva coyuntura de un ajuste regresivo, sin colapsar. Hubo un período de pausa electoral pero ese colchón ya se consumió. En ese escenario, al retornar el gobierno al sendero original de los tarifazos está provocando un descalabro en hogares, comercios y pymes, puesto que los nuevos ajustes se aplican sobre una base que ya registró aumentos exorbitantes. La primera tanda pudo ser relativamente absorbida; la siguiente, ya no, más aún cuando existe una política oficial deliberada de recorte de los ingresos de trabajadores y jubilados.
Clase media
Colonizados con años de informarse acerca de una crisis que no sucedió, a muchos puede generarle incomodidad la mención acerca de la existencia de un colchón socioeconómico, que no es otra cosa que la mejora relativa de la calidad de vida de los hogares, que en estos años de economía macrista empezó a retroceder. Los tarifazos están castigando fuerte a la mayoría de la población, pero tienen un impacto diferencial en las clases media y media baja.
Los grupos acomodados en la parte superior de la pirámide de ingresos pueden molestarse por tener que abonar boletas abultadas, pero no les mueve el amperímetro del humor ni el de la fidelidad política a una fuerza conservadora. Los miembros que integran el piso de la pirámide conocen las estrategias de supervivencia en escenario de escasez, ya sea colgándose de los servicios de luz y de la televisión por cable y/o sumándose a la red de contención social, comunitaria u oficial. En cambio, las clases media y media baja no reúnen la capacidad patrimonial de unos ni la tolerancia existencial para ser asistido por otros. Por eso están desorientadas, además porque una parte de ellas acompañaron en las dos últimas elecciones las boletas de Cambiemos.
La mayor visibilidad de la actual crisis provocada por el tarifazo se debe a que las clases media y media baja no tienen red de contención social. No aplican para ser beneficiarios de la tarifa social ni son ni quiere ser parte de programas de cobertura social, a nivel nacional, provincial o comunitario. Esas carencias la suplen con la capacidad de lograr una mayor difusión de sus reclamos en los medios de comunicación o canalizando la bronca a través de la protesta con el ruidazo o con variadas movilizaciones.
El humor de las clases media y media baja es un termómetro político relevante que quedó de manifiesto en otros momentos críticos, como en el corralito que atrapó sus ahorros y en el denominado “cepo” que limitaba la posibilidad de comprar dólares. Ahora es el tarifazo con boletas de luz y gas que capturan una proporción creciente de sus ingresos mensuales.
Presupuesto
La jefatura de Gabinete preparó un informe para entregar argumentos a funcionarios encargados de defender los tarifazos. Sin cuidarlo, el primero que lo utilizó fue el presidente Macri ante un reducido grupo de periodistas, como informó Clarín. El reporte, que preparó el vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, calcula que los servicios públicos (gas, electricidad, agua y transporte) representan el 7,9 por ciento del gasto mensual de un hogar promedio. Otros estudios evitan la tradicional subestimación oficial de información estadística desfavorable. El informe no precisa cuál era ese porcentaje antes de los tarifazos. Ese dato es relevante para entender su magnitud en el presupuesto de los hogares. Para suplir esa carencia, esa información la aporta la investigación del Cifra-CTA, analizando los servicios residenciales de electricidad y gas natural, sin considerar los aumentos de agua y transporte. Se trata entonces de una evaluación parcial que debe considerarse de mínima. La suma de los incrementos de gas natural y electricidad pasó a representar del 2,7 al 14,5 por ciento de los ingresos laborales del conjunto de los ocupados desde el inicio del gobierno de Macri hasta abril 2018. Un impactante aumento del 440 por ciento y casi el doble –sin los tarifazos en agua y transporte– del estimado en el informe oficial.
La Universidad Nacional de Avellaneda también hizo su propio cálculo. Al sumar el tarifazo en transporte y agua al de gas y luz, la carga de los servicios públicos pasó a representar el 17,9 por ciento del salario medio de la economía. Pese a que esas cifras son más cercanas a la realidad que la preparadas por la jefatura de Gabinete, en el gobierno están convencidos, a partir de ese deficiente análisis acerca del impacto del tarifazo, de que “la percepción de la gente es que pagan más de lo que realmente pagan”, como publica la red de medios al servicio del oficialismo.
Uruguay y Chile
En la militancia oficial por el tarifazo, la crítica a los subsidios fue efectiva en la primera mitad del mandato de la segunda Alianza para convalidar una transferencia de ingresos inmensa hacia las corporaciones energéticas. Ahora, cuando el pago de las boletas se consume parte importante del presupuesto de las familias, la estrategia oficial es apuntar al elevado nivel del consumo de los hogares. Repitiendo el contenido del informe de Lopetegui, con datos del Ministerio de Energía, el presidente Macri afirmó, en diálogo con periodistas de Clarín y La Nación, el jueves pasado por la tarde, luego de la “negociación” con radicales para el pago en cuota con intereses del aumento, que espera que en “este invierno seamos capaces de consumir energía como los uruguayos”. El reporte, consignado por ambos diarios, dice que “si (los hogares argentinos) tuviesen los consumos invernales de Montevideo y Santiago las facturas serían algo menores a las del año pasado, aun con la tarifa actual”.
Macri también compara que el gas entregado a casas, comercios e industrias sigue siendo más barato en Argentina respecto a esos dos países, comentando que el comportamiento climático es similar en los tres.
Como el gobierno esta acostumbrado a decir cualquier cosa sin ser rebatido, la información veraz es un buen antídoto a las habituales campañas oficiales de confusión. Primero, comparar el consumo de gas de Argentina con Chile y Uruguay es lo mismo que mezclar peras con manzanas, como ilustran especialistas en estadísticas para desestimar análisis disparatados. Esos dos países vecinos no tienen gas, cuando Argentina es un país gasífero. Después, el gas de red no es una fuente relevante de consumo energético ni en Uruguay ni en Chile.
Veamos cada uno de esos casos, consultando fuentes rigurosas:
- Uruguay: Existen apenas unos 45.000 usuarios de gas natural por cañería en Uruguay (en Montevideo, Ciudad de la Costa, Paysandú, Colonia y San José). El informe “Sector energético en Uruguay. Diagnóstico y perspectivas”, del Ministerio de Industria, Energía y Minería, explica que el gas natural es una fuente energética de reciente ingreso en la matriz del Uruguay. Su consumo en el país comenzó en 1998 cuando entró en operación el Gasoducto del Litoral, que cruza el río Uruguay desde Argentina a través del puente Paysandú-Colón. Recuerda que Uruguay no cuenta con producción de gas natural, debiendo importar la totalidad de su consumo a través de los gasoductos de interconexión existentes con Argentina. El sector industrial es el mayor consumidor de gas natural, seguido por el sector comercial y el residencial. Destaca que la leña es una de las principales fuente energética de los uruguayos, puesto que es la mitad del costo equivalente de gas natural, hasta para consumos residenciales importantes.
Uruguay consume menos gas que Argentina porque no lo tiene y, por lo tanto, no es utilizado como fuente energética principal en hogares y comercios. No tiene sentido hacer una comparación entre ambos países, salvo si es para engañar.
- Chile: El Anuario Estadístico de Energía 2016 del Ministerio de Energía informa que apenas el 6 por ciento del consumo energético del país es gas natural. La Asociación Gas Natural precisa que en Santiago, Valparaíso, Concepción, las principales ciudades chilenas, la mayoría de los hogares y comercios cocina, calienta agua y calefacciona con gas licuado y no recibe gas por red. Explica que en parte esto ocurre porque en zonas extensas de cada una de esas ciudades no hay una red desplegada, pero también porque no todas los hogares con acceso a una conexión eligen el gas por red por su elevado costo. Detalla que la penetración del gas por red en Santiago es baja, apenas el 29 por ciento de los hogares está conectado, y que el ingreso de buena parte de los hogares es bajo, lo que implica consumos relativamente bajos. También brinda detalles del clima chileno, que el macrismo desconoce: “en las tres ciudades es templado, lo que permite vivir buena parte del año sin calefacción”.
Comprar el consumo de gas con Chile es tan desatinado como hacerlo con Uruguay, salvo, nuevamente, si es para confundir el debate.
Inflación
El tarifazo en gas y luz afecta también a pymes industriales y comerciales, que hasta ahora han podido trasladar gran parte de ese aumento de costos a precios. Pero les resulta cada vez más complicado hacerlo por la caída de la demanda interna debido a la pérdida del poder adquisitivo de trabajadores y jubilados, siendo uno de los motivos el aumento de tarifas que disminuyó abruptamente el ingreso disponible. Con margen de ganancias que se reducen o desaparecen, esas unidades productivas se achican o cierran.
Los aumentos seguirán este año en un cronograma que no da respiro y que seguirán siendo una potente fuente inflacionaria. El mes próximo le toca el turno al servicio de agua y cloacas, con un ajuste de hasta el 68 por ciento por recortes de subsidios (descuentos zonales) en la tarifa. Al mes siguiente aumentará el subte, previa audiencia pública, hasta los 12,50 pesos, y también el colectivo y el tren. A la luz le tocará otro turno de suba en agosto y al gas, en octubre.
En esa carrera de tarifazos a la que se ha lanzado el gobierno, los combustibles fueron liberados y sus precios son definidos según la evolución del tipo de cambio y el petróleo a nivel internacional, entre otras variables. En estos días, el barril alcanzó los 70 dólares, lo que habilita a las petroleras a aplicar un nuevo incremento en las naftas.
Todos estos aumentos desmesurados tienen un sorprendente impacto reducido en la tasa de inflación oficial. Los índices mensuales son similares, con tarifas casi congeladas, a los que informaban las consultoras privadas en los años que el IPC-Indec no era creíble. Nadie había explicado que era sencillo aplicar ajustes de cuatro cifras en servicios públicos básicos con tan poca relevancia en la inflación, ni en forma directa y ni por los aumentos de segunda vuelta por traslado a precios. Son las maravillas estadísticas que genera un gobierno conservador.
Con complicidad de especialistas ortodoxos y heterodoxos, la magia macrista sigue haciendo sus trucos. La cifra de la tasa de inflación, en realidad, no es una cuestión relevante por el debate con técnicos en estadísticas, sino que es importante porque la subestimación orienta a una negociación salarial todavía más desfavorable para los trabajadores, que padecen el techo oficial del 15 por ciento con tarifazos descomunales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario